Una inspección ambiental del Gobierno de Canarias detectó en la estación de bombeo de aguas residuales de Pueblo Canario, en Adeje, una conexión hacia la tubería de vertido al mar que no figuraba en los planos disponibles y carecía de rejas para retener sólidos. La visita también identificó otras conducciones que aportaban aguas de origen indeterminado al depósito de las bombas.
Los hallazgos se produjeron el 10 de julio de 2025 y aparecen descritos en la documentación técnica presentada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife para renovar la autorización de vertido del aliviadero. El organismo insular afirma que posteriormente taponó el bypass y suprimió las otras conducciones, y aporta fotografías de las actuaciones.
El expediente ha llegado ahora a la fase de información pública. El Boletín Oficial de Canarias del 2 de octubre de 2026 publica la resolución que abre veinte días hábiles de consulta del procedimiento, que también incluye la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Una conexión alternativa hacia la salida al mar
La instalación de Pueblo Canario, situada junto a la playa de El Bobo, es una estación de bombeo de aguas residuales, denominada EBAR. Recoge aguas de San Eugenio Bajo y las impulsa hacia la estación de tratamiento y bombeo de Playa de las Américas, desde donde se envían a la depuradora comarcal de Adeje-Arona.
Su función es, por tanto, bombear el agua hacia el sistema de tratamiento. La estación dispone además de un aliviadero: una conducción que desemboca en el litoral y permite evacuar caudales excedentes. La solicitud técnica actual contempla su utilización durante episodios de lluvia.
En esas circunstancias, el agua que sale por el aliviadero puede ser una mezcla de aguas residuales y pluviales. El funcionamiento descrito en la memoria prevé que pase por las rejas de desbaste de la estación. Estas retienen sólidos, pero ese proceso no equivale al tratamiento completo que se realiza en una depuradora.
La conexión detectada en julio de 2025 era un bypass, un recorrido alternativo desde una arqueta situada antes de la estación hasta la conducción de alivio. Según la memoria técnica, no existían referencias a esa tubería en la documentación planimétrica disponible y tampoco contaba con elementos de desbaste.
El Consejo afirma que taponó el bypass
La documentación explica que se valoraron posibles soluciones para incorporar esa parte de la instalación a la autorización de vertido. Finalmente, el Consejo Insular de Aguas optó por condenar la conducción, es decir, taponarla, al considerar que hacerlo no afectaría al funcionamiento de la estación.
Durante la misma visita se detectaron otras tuberías que desembocaban en la cámara de aspiración, el depósito del que las bombas toman el agua para impulsarla. La memoria las describe como conducciones de aporte de "efluentes indeterminados", sin identificar en ese pasaje la procedencia de las aguas.
El Consejo señala que esas conducciones no formaban parte de las instalaciones de la EBAR y afirma que decidió suprimirlas. También incorpora fotografías del depósito antes y después de la intervención. Los pasajes que describen estos hallazgos no califican expresamente las conexiones como ilegales.
Tres longitudes distintas para la misma conducción
La tramitación también puso de manifiesto discrepancias en la descripción de la tubería principal. En julio de 2026, el Gobierno pidió aclarar por qué la documentación escrita señalaba una longitud de 163,40 metros, mientras que el plano del perfil longitudinal mostraba 152,70 metros.
Los técnicos explicaron que habían partido de los planos aportados en la solicitud de prórroga de 2013. A partir de esa información elaboraron un trazado esquemático apoyado en una ortofoto que, posteriormente, se tomó por válido por error y cuya longitud se trasladó a la memoria.
La revisión identificó diferencias tanto en el punto de arranque de la conducción como en los cambios de dirección representados en el tramo final. La última versión establece una longitud de 140,41 metros y aporta planos y cálculos hidráulicos actualizados.
Según la respuesta técnica, esa corrección no modifica el funcionamiento hidráulico previsto ni las simulaciones de dispersión del vertido. El cambio afecta a la descripción de una conducción que ya estaba ejecutada y en explotación.
La medición del agua vertida, pendiente de una actuación
Otro de los asuntos sobre los que la Administración pidió aclaraciones fue la medición de los caudales descargados al mar. La documentación diferencia entre el agua que se bombea hacia el sistema de tratamiento, cuyo caudal se registra, y la que puede salir por el aliviadero.
Para cuantificar esta última se presenta un estudio preliminar que contempla una arqueta con tamiz y un canal de aforo, situado después de la unión de los posibles caudales de alivio. La respuesta indica que el Consejo promoverá un proyecto constructivo para actuaciones en varias estaciones del sistema.
Mientras se desarrolla esa intervención, el escrito señala que los caudales aliviados seguirán estimándose. La respuesta describe, por tanto, una mejora prevista, pero no acredita que el dispositivo de medición directa ya esté instalado.
Restricciones de baño cuando se produzcan alivios
Los estudios del expediente también analizan la posible afección de las descargas al litoral. Las simulaciones presentadas por el solicitante prevén que las plumas de contaminación pueden alcanzar zonas de baño próximas, entre ellas las playas de El Bobo y Troya.
El programa de vigilancia propuesto contempla avisar a las administraciones competentes, coordinar restricciones de baño y realizar muestreos de seguimiento cuando se produzcan esos alivios. La documentación estudia este riesgo para los episodios de lluvia; no lo atribuye al bypass localizado durante la inspección.
Los cálculos incluidos en la memoria estiman unas ocho horas diurnas desde el cese del vertido para reducir las concentraciones bacterianas hasta los valores considerados en el estudio. La propia propuesta contempla comprobar la evolución mediante seguimiento y toma de muestras para confirmar la conveniencia de reabrir la playa afectada.
La autorización original del aliviadero se remonta a 2003 y fue prorrogada por diez años en 2014. El Consejo solicitó una nueva prórroga en noviembre de 2023 y, desde entonces, el procedimiento ha incorporado requerimientos, respuestas y revisiones de la documentación técnica.
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