Güímar daba luz verde a la propuesta de solicitar la ampliación del suelo del Polígono de Güímar para uso terciario, donde entraría el comercio o servicios. Una decisión criticada por la oposición porque acusan de querer recalificar un suelo rústico para beneficiar a empresarios.
Según el Gobierno local, lo que piden es ampliar el suelo industrial con compatibilidad para el uso terciario. Insisten en que se trata de una petición dirigida al Cabildo de Tenerife y a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias porque el municipio necesita de un impulso económico. Recalcan que es una petición y que toda recalificación cuando llegue --sería un trámite que duraría varios mandatos-- tendrá unos estudios y unos informes.
La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, dijo que querían dejar claro que “aquí nadie viene a estar en contra del comercio local” porque la propuesta que han llevado desde alcaldía a pleno no es ni ningún capricho ni ninguna ocurrencia. Dice que Güimar adolece de suelo industrial y suelo terciario. Serían 30 hectáreas por encima de la autopista de hecho en una zona que estaría afectada por el paso del tren. Una zona que consideran buenas porque los servicios se pueden compartir con el polígono.
Un desequilibrio histórico
Durante el pleno, donde se debatió el caso, Castro recordó que el polígono industrial de Güímar, creado en 1973, ha sido un motor económico, pero mantiene un “desequilibrio histórico” respecto a municipios vecinos. Señaló que Arafo sí dispone de suelo terciario y ha podido acoger empresas de servicios, comercio y logística, mientras que Güímar ha quedado limitada a la implantación de industrias. Esto habría impedido, dijo, que numerosas empresas interesadas pudieran instalarse en la localidad.
Los grupos de la oposición —CC, parte del PSOE y Unidas Sí Podemos— votaron en contra y cuestionaron la procedencia y el objetivo de la iniciativa. Aseguran que no beneficiará al comercio del municipio y temen que la zona, situada junto al camino y la montaña del Socorro, termine convirtiéndose en un conjunto de edificaciones o incluso en un centro comercial.
500 euros por metro cuadrado
Desde el PSOE advirtieron además que, si la zona llegara a calificarse como terreno urbano no consolidado y finalmente urbano consolidado, su valor podría alcanzar los 500 euros por metro cuadrado, lo que supondría, afirmaron, un “pelotazo” de 150 millones de euros y una revalorización extraordinaria.
La alcaldesa respondió que la propuesta responde a una demanda que los empresarios del polígono mantienen “desde hace mucho tiempo”. Insistió en que no se trata de un proyecto promovido por ningún empresario concreto, ni implica legislar para favorecer a nadie. “Es una petición para que el Cabildo y el Gobierno de Canarias, si nos hacen caso, permitan que Güímar avance”, afirmó. También remarcó que la iniciativa “no afecta al comercio, no toca suelo comercial, no lo prohíbe ni lo limita”.