Güímar se prepara para mirar de cerca sus viviendas vacacionales. El Ayuntamiento ha aprobado un plan de comprobación y control que pretende aclarar cuántos alojamientos están realmente activos, cuáles han comunicado su actividad y si las viviendas reúnen las condiciones exigidas para recibir visitantes.
La medida aparece recogida en un anuncio municipal publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y aprobado mediante Decreto de la Alcaldía, con fecha 10 de agosto de 2026. El documento establece una hoja de ruta para revisar las viviendas vacacionales del municipio y ordenar una actividad que afecta tanto a quienes la ejercen como a los vecinos de las zonas donde se encuentran.
Comprobar y verificar
El plan no se limita a comprobar papeles. También permitirá verificar si los alojamientos siguen funcionando, si la realidad coincide con la información comunicada al Ayuntamiento y si las condiciones del inmueble se ajustan a la normativa.
En otras palabras, el objetivo es saber qué ocurre detrás de cada registro e identificar si la vivienda está abierta, si se ofrece realmente a turistas y si lo hace con las garantías necesarias.
Cuatro años para revisar la actividad
El programa tendrá una vigencia máxima de cuatro años y abarcará las viviendas vacacionales inscritas en los registros autonómicos, las que hayan presentado una comunicación previa ante la administración local y aquellas que estén funcionando aunque la administración haya tenido conocimiento de ellas por otras vías.
En cualquier caso, el Consistorio comprobará qué viviendas incluidas en la relación del Gobierno de Canarias han comunicado también el inicio de la actividad a nivel municipal. El registro municipal incorporará igualmente los alojamientos que hayan informado al Ayuntamiento, aunque no figuren en la relación autonómica.
Esta comparación permitirá separar varias realidades que, sobre el terreno, pueden confundirse: viviendas que están legalmente inscritas, alojamientos que han dejado de funcionar, inmuebles que aparecen en un registro pero no han comunicado su actividad y viviendas que podrían estar operando sin haber completado los trámites exigidos.
No bastará con estar en un registro
El plan contempla una comprobación para saber si cada vivienda continúa en funcionamiento. Para ello, el Ayuntamiento podrá realizar inspecciones físicas, solicitar información a los titulares de la actividad o a los propietarios de los inmuebles y utilizar otros medios permitidos por la normativa.
Si una vivienda figura como turística pero ha dejado de funcionar, se podrá declarar ineficaz la comunicación previa presentada en su día, después de escuchar a la persona titular. Eso no impedirá que pueda volver a comunicar el inicio de la actividad si decide reabrirla en el futuro.
Viviendas en situación de legalidad formal
En cambio, si una vivienda aparece en la relación autonómica, está funcionando y no ha presentado la comunicación previa exigida, el plan la sitúa en una posible situación de ilegalidad. En esos casos, el Ayuntamiento deberá adoptar las medidas que correspondan.
La intención es que, tras la primera fase, solo permanezcan como viviendas en situación de legalidad formal aquellas que estén inscritas ante el Gobierno de Canarias, comunicadas al Ayuntamiento y efectivamente en funcionamiento.
Revisiones sobre el terreno
La segunda parte del plan se centrará en las comunicaciones previas que, a primera vista, parezcan correctas. Los servicios municipales comprobarán que los datos aportados sean ciertos, que las instalaciones coincidan con lo declarado y que el inmueble reúna los requisitos técnicos necesarios.
También se analizará la compatibilidad urbanística de la actividad y el cumplimiento de las condiciones establecidas para el uso turístico de viviendas. La revisión podrá incluir aspectos relacionados con la documentación, la seguridad del alojamiento y las garantías que deben ofrecerse a quienes se hospedan en él.
Resultado
Después de cada comprobación se levantará un acta. El resultado podrá ser favorable, desfavorable por defectos subsanables o desfavorable por defectos graves.
Cuando se detecten errores o modificaciones menores, el titular recibirá un plazo para corregirlos. Si las deficiencias son sustanciales o hacen incompatible la actividad con la normativa, el Ayuntamiento podrá declarar que la vivienda no puede continuar funcionando, previa audiencia de la persona interesada.
Inspecciones si hay indicios
El plan prevé una última fase para las viviendas que presenten señales de riesgo o irregularidades. En esa relación podrán incluirse los alojamientos con informes desfavorables, denuncias de particulares, avisos de agentes de la autoridad u otros indicios que aconsejen una revisión más exhaustiva.
El personal encargado de estas actuaciones tendrá la consideración de agente de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones. Para los vecinos, el resultado práctico será que las viviendas vacacionales no se revisarán únicamente desde un despacho: cuando existan motivos, los técnicos podrán comprobar directamente cómo se desarrolla la actividad.
El Ayuntamiento presenta el plan como una herramienta para conocer mejor la realidad del municipio y contar con información útil para futuras decisiones urbanísticas. Pero, en la vida diaria, también supone una forma de poner orden en una actividad que puede generar oportunidades económicas, aunque también cambios en la convivencia, el acceso a la vivienda y el uso de los edificios residenciales.
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