Unas 300 personas se han concentrado este miércoles frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife en una asamblea convocada, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Acción Social en Canarias para reclamar medidas ante el problema de acceso a la vivienda en las islas.
La asamblea se ha cerrado con la decisión de iniciar una acampada en la plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para mantener la movilización, después de que una acción similar se llevara a cabo la noche de este martes en Gran Canaria tras otra asamblea por la vivienda.
El encuentro, que comenzó a las 18:00 horas y se prolongó durante dos horas y media, se centró especialmente en reclamar medidas de intervención en el mercado de la vivienda. El primer señalado fue el Ejecutivo autonómico, a quien exigieron "la aplicación de la Ley de Vivienda en Canarias y la declaración de zonas tensionadas" para poder establecer límites a los precios del alquiler. "De nada sirve el decreto Maricarmen si no se aplica la Ley de Vivienda en Canarias", defendieron los convocantes durante la asamblea.
Organización para mantener las movilizaciones
Pero especialmente la asamblea ha servido para debatir y hacer un llamamiento a la organización social por el derecho a la la vivienda. Los participantes plantearon la necesidad de crear una red comunitaria estable y estructurada así como mecanismos de financiación que permitan dar continuidad a las acciones de asesoramiento a personas vulnerables y de movilización social.
La asamblea también funcionó como un espacio abierto para recoger propuestas de los asistentes. Entre las medidas planteadas estuvieron establecer precios máximos de la vivienda vinculados a los salarios, impulsar contratos de alquiler indefinidos, expropiar viviendas vacías de grandes tenedores y prohibir los desahucios. Asimismo los asistentes plantearon diferentes fórmulas de protesta, entre ellas manifestaciones, piquetes y acampadas. "Esto no es una broma, es una carrera de fondo", insistieron.
Rebajar la barrera del 30%
Los participantes cuestionaron además que el porcentaje de ingresos destinado al pago de una hipoteca o un alquiler pueda alcanzar un 30%, al considerar que este criterio "dificulta el acceso a una vivienda para numerosos hogares". Algunos asistentes defendieron reducir esa referencia hasta al menos un 20%.
Desde los convocantes de la asamblea también se reclamó que "no se ejecuten desahucios sin alternativa habitacional", así como la prórroga del escudo social. Otra de las propuestas planteadas durante el debate fue "restringir la venta de viviendas a extranjeros no residentes".
El caso de Adriana
Entre los testimonios escuchados durante la asamblea estuvo el de Adriana, madre monoparental que relató las dificultades que atraviesa para mantener su vivienda. Según explicó, en 2020 pagaba un alquiler de 435,39 euros, una cantidad que posteriormente fue aumentando con las actualizaciones del IPC.
Según explicó, las propietarias del piso donde vive pretenden elevar la renta hasta los 850 euros mensuales. Adriana aseguró haber solicitado ayuda a diferentes administraciones y entidades, entre ellas los servicios sociales, Visocan y Cáritas, sin haber encontrado hasta el momento una solución a su situación. También explicó que lleva una década inscrita como demandante de vivienda protegida en régimen de alquiler y que actualmente una de las opciones que le dan en estar en lista de espera para acceder a un piso tutelado y compartido con otras madres.
Acampada por la vivienda en Tenerife
Ya con la noche de lleno sobre los asistentes y ante las dudas sobre cuáles serán los siguientes pasos, varios asistentes de la asamblea propusieron acampar en la capital, siguiendo el ejemplo de Madrid y de otras capitales donde el desahucio de Maricarmen ha despertado una oleada de indignación. De forma improvisada han acordado acampar en la plaza de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
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