La Guardia Civil ha informado este lunes de que dos mujeres, ambas vecinas del municipio tinerfeño de Arona, son investigadas, en actuaciones diferentes, como presuntas autoras de un delito de estafa de cada una porque al parecer alquilaron viviendas ficticias.
Se trata de dos investigaciones independientes a dos mujeres de 42 y 27 años, indica la Guardia Civil en un comunicado en el que explica que la estafa de la primera víctima se produjo cuando ésta contactó con la ahora investigada en relación con el supuesto alquiler de una vivienda ubicada en la localidad de Buzanada, que estaba anunciada en un conocido portal de anuncios de este tipo.
Tras concertar una cita para concretar los detalles del alquiler en la localidad de Cabo Blanco, la acusada consiguió que la víctima le abonará 600 euros en efectivo en concepto de reserva/fianza, y a cambio entregó un recibo manuscrito como prueba de la entrega del citado dinero.
Como motivos del retraso en la entrega de la vivienda la ahora investigada puso que el piso quedaría desocupado en una determinada fecha, que una vez desalojado tenía que fumigarlo, y otras, pero tras pasar un cierto tiempo desde el día de la cita, la víctima no pudo contactar más con la presunta autora, y tampoco le fue devuelto el dinero entregado.
Alquiler ficticio
En la segunda investigación la acusada presuntamente consiguió estafar a la víctima 400 euros en concepto del alquiler ficticio de otra vivienda. La Guardia Civil indica que, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Penal, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para fijar la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.