La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ha rechazado las solicitudes de sobreseimiento y archivo presentadas por el director general de Costas, Antonio Acosta, y el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, Valeriano Díaz Castro. Ambos están investigados en la causa sobre las obras del macrocomplejo turístico Cuna del Alma en el litoral.
Según ha informado la Asociación Puertito Libre, la decisión, recogida en una providencia del 10 de noviembre y conocida el día 13, responde a que todavía quedan diligencias pendientes de practicar. La jueza considera que no es el momento procesal oportuno para acordar el archivo, por lo que la investigación continuará.
La Fiscalía y la acusación popular se oponen al archivo
Acosta y Díaz Castro están siendo investigados por la autorización concedida a la promotora para construir una piscina en terrenos del litoral sujetos a las restricciones de la Ley de Costas. La causa examina si las instalaciones autorizadas cumplen los requisitos legales para ocupar esa zona.
Desde Puertito Libre señalan que la resolución llega después de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la asociación, se opusieran al cierre del procedimiento. Ambas partes solicitaron que se siguieran investigando las circunstancias en las que se autorizó la ocupación de terrenos incluidos en la servidumbre de protección del litoral.
Un informe pericial cuestiona las piscinas privadas
Uno de los elementos centrales de la investigación es un informe pericial judicial cuyas conclusiones se han incorporado al escrito de la Fiscalía contra el archivo. El documento analiza las instalaciones proyectadas en la franja de protección costera y distingue dos grupos de actuaciones que, según sus conclusiones, no se ajustan a las condiciones legales.
En primer lugar, el informe determina que los cuartos de instalaciones y las piscinas privadas vinculadas a las unidades alojativas T2-XL 01 y T2-XL 02 forman parte de edificaciones destinadas a habitación. Según expone la asociación, esta circunstancia resulta relevante porque el artículo 25.1.a de la Ley de Costas prohíbe las edificaciones destinadas a residencia en la servidumbre de protección, salvo las excepciones previstas en la normativa.
Objeciones a la ubicación del restaurante
El segundo grupo de actuaciones corresponde al edificio destinado a restaurante y a las infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Según la información facilitada por Puertito Libre, el informe considera que estas instalaciones tampoco cumplen los requisitos que permitirían autorizarlas en esa franja.
El escrito del Ministerio Fiscal señala que no se acredita que la ubicación del restaurante venga impuesta por su naturaleza, que preste un servicio necesario para el uso público del dominio público marítimo-terrestre ni que pueda encuadrarse en alguno de los supuestos legalmente permitidos.
La Fiscalía sostiene que la autorización debió denegarse
El documento también cuestiona el túnel de servicio previsto para estas instalaciones, al señalar que no se ha demostrado la imposibilidad de utilizar un trazado alternativo. A partir de estas conclusiones, la Fiscalía sostiene que la solicitud de la promotora, Segunda Casa Adeje, debió ser denegada.
Las objeciones del Ministerio Público también afectan a la tramitación administrativa. En concreto, su escrito señala que el primer informe técnico incorporado al expediente era desfavorable y que tanto Antonio Acosta como Valeriano Díaz Castro conocían su contenido.
Dudas sobre los informes técnicos y de Biodiversidad
La Fiscalía considera especialmente relevante que la resolución administrativa no reflejara expresamente el sentido desfavorable del informe técnico. También cuestiona que se hiciera constar la recepción de un informe de la Dirección General de Biodiversidad cuando, según explica, lo recibido era una solicitud de documentación complementaria necesaria para poder emitirlo.
Para el Ministerio Público, estas circunstancias plantean dudas sobre la tramitación y los motivos por los que se concedió el permiso. Su escrito sostiene que la finalidad de la actuación habría sido "conceder una autorización que debió ser denegada".
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