El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha mostrado este miércoles su preocupación ante la prevista llegada del crucero MV Hondius al puerto industrial del municipio tras detectarse un brote de hantavirus a bordo.
El Consistorio considera que se trata de una situación de “especial sensibilidad” que exige “máxima prudencia, rigor técnico y coordinación institucional”, al tiempo que reclama garantías sanitarias y una información “clara, precisa y contrastada” sobre el operativo previsto.
Reclaman conocer el alcance del brote
El gobierno local sostiene que antes de adoptar cualquier decisión es imprescindible conocer con detalle el número de afectados, los posibles riesgos de transmisión y las medidas previstas para garantizar la seguridad de la población y de los profesionales que participen en la intervención sanitaria.
Desde el Ayuntamiento subrayan que Granadilla de Abona es un municipio “comprometido” y “solidario” ante cualquier emergencia, aunque advierten de que esa colaboración no puede basarse “en la incertidumbre”.
El Consistorio ha explicado que mantiene comunicación permanente con el Cabildo de Tenerife y con el Gobierno de Canarias para seguir la evolución de la situación y coordinar posibles actuaciones.
Además, asegura que permanece atento a las recomendaciones de los organismos internacionales competentes, insistiendo en que la información rigurosa resulta clave para evitar alarmas sociales innecesarias.
“No pueden decidir sin el municipio”
El Ayuntamiento también critica que decisiones que afectan directamente al municipio no pueden adoptarse “de forma unilateral ni al margen de la institución local”.
En este sentido, defiende que cualquier actuación vinculada al atraque del barco debe sustentarse en “criterios sanitarios sólidos” y en una planificación adecuada, especialmente por el impacto que puede tener sobre la tranquilidad de los vecinos.
El comunicado concluye señalando que el Ayuntamiento actuará “con responsabilidad, pero también con firmeza”, situando como prioridad la seguridad sanitaria de la población.
Por ello, exige “transparencia, coordinación efectiva entre administraciones y garantías suficientes” ante una situación que califican de gran envergadura.