Los vecinos del edificio Sara, en La Camella, en el municipio tinerfeño de Arona, conviven desde marzo con aguas fecales en el garaje, después de que las lluvias torrenciales terminaran de colapsar el pozo séptico del que depende el inmueble, que nunca tuvo conexión a la red de alcantarillado.
El Ayuntamiento de Arona respondió el pasado 18 de octubre a su requerimiento formal sin comprometerse a actuar, y Salud Pública se ha declarado incompetente, remitiendo a los vecinos al consistorio, según denuncia la comunidad de propietarios.
“Al bajar al garaje vas a ver una pequeña Venecia de aguas residuales. Tres cuartas partes están llenas de agua desde marzo”, describe Davide Cortellino, presidente de la comunidad, en la que viven unas 220 personas repartidas en 72 viviendas.
Como adelantó Atlántico Hoy el pasado mes de marzo, la urbanización lleva casi dos décadas sin alcantarillado porque el Ayuntamiento alega que nunca la recepcionó. Siete meses después, los vecinos denuncian que la situación no ha cambiado.
Sin poder aparcar
Muchos vecinos han dejado de usar el garaje por motivos de salubridad, y uno de ellos se hizo daño al caerse en el agua cuando intentaba aparcar, según cuenta Cortellino a Atlántico Hoy. “Estamos llenos de mosquitos y larvas, y la fumigación tampoco ayuda”, lamenta. El edificio, además, empieza a sufrir daños que la comunidad tendrá que reparar.
Desde 2007, los vecinos pagan el mantenimiento del pozo, unos 3.000 euros al año, pero los vaciados ordinarios ya no sirven. La comunidad cifra cada limpieza profunda en 3.600 euros y calcula que habría que repetirla cada tres semanas, más de 60.000 euros al año. “Es una cantidad que una comunidad medio humilde no puede soportar”, afirma Cortellino.
Hacer un pozo nuevo tampoco es una opción: la normativa exige antes una depuradora de unos 100.000 euros que no cabe en el garaje, y un informe técnico encargado por los vecinos concluye que la solución privada es inviable.
Licencia con informe en contra
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia el 19 de septiembre de 2003, durante el mandato de José Alberto González Reverón (CC), según el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico.
El documento recoge que el Servicio de Urbanismo propuso denegarla porque la parcela pertenecía a una unidad de actuación que “no se halla debidamente gestionada”. Aun así, la Comisión la aprobó por unanimidad pese al informe desfavorable.
El mismo acuerdo obligó a la promotora a depositar un aval de 29.240 euros para garantizar las obras de urbanización y las infraestructuras necesarias para los servicios. González Reverón, que gobernó este municipio tinerfeño entre 2003 y 2012, fue condenado años después por prevaricación urbanística en el llamado caso Arona.
Sí al servicio, no al coste
En su respuesta a la comunidad vecinal, el Ayuntamiento admite que el alcantarillado es un servicio obligatorio para todos los municipios, pero niega que eso implique que el consistorio deba pagar la obra. Tampoco ejecuta el aval: alega que antes debe comprobar su finalidad y deja la decisión para cuando revise los antecedentes.
La comunidad responde que el expediente lleva casi veinte años en los archivos municipales y sostiene que la urbanización está recepcionada de forma tácita, porque el consistorio lleva años cobrándoles el IBI, la tasa de basura y los vados, y concedió las licencias de primera ocupación.
Por su parte, Salud Pública ha contestado a la queja que presentaron los vecinos el 14 de octubre remitiéndolos al Ayuntamiento, sin valorar el riesgo sanitario ni ordenar una inspección, según denuncia la comunidad.
“No nos quedará otra que el juicio”
Los vecinos piden que el Ayuntamiento asuma el saneamiento, que el aval se destine a su fin y que se adopte una solución provisional urgente. Sus abogados estudian medidas cautelares y una reclamación de responsabilidad patrimonial.
“Si el Ayuntamiento resuelve de manera definitiva que no quiere hacerse responsable de algo que es suyo por ley, por la licencia que concedió y por el aval que recibió, no nos quedará otra que el juicio”, advierte Cortellino.
Para el presidente de esta comunidad vecinal, el caso refleja un abandono más amplio del municipio en limpieza, seguridad y mantenimiento. “El Ayuntamiento se sigue gestionando como si fuera un parque de atracciones, con fiestas y carnavales”, critica.
Atlántico Hoy ha trasladado sus preguntas al Ayuntamiento de Arona, que no ha respondido hasta la fecha de publicación de este artículo.
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