El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández y el consejero delegado de este área, Valentín González han asegurado este viernes que se está trabajando en que la Bodega Insular de Tenerife (Bitsa) siga operando en las instalaciones insulares, cuyo contrato ha finalizado y se ha prolongado nueve meses, de los que restan siete. Desde la institución aseguran que andan detrás de una alternativa jurídica y económicamente viable para Bitsa y no descartan que sigan haciendo uso de las instalaciones aunque en menor medida por los bajos beneficios de la empresa.
Los consejeros hablaron al respecto en una comparecencia solicitada por el grupo socialista después de que el Cabildo de Tenerife tomara la decisión de no prorrogar el uso de las instalaciones insulares a la empresa, participada en el 45,6% por la propia institución. La decisión se tomó el pasado 29 de diciembre en un Consejo de Gobierno sin informar al respecto del acuerdo a los medios de comunicación como es habitual.
Pagar el canon
Todo surge de una denuncia de un grupo de empresarios de la isla que llevaron a la Unión Europea el trato desigual que se daba a esta empresa, que pagaba un canon condicionado a los beneficios que tenía. La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea emitió un informe donde instaba a que el canon que debía pagar la empresa fuera "real". El canon por el uso de las instalaciones y en relación al mercado corresponde al 6% del valor de los bienes de la bogeda, es decir, a 159.477 euros.
Sin embargo, según ha asegurado este viernes en el pleno el consejero Valentín González, los beneficios del año pasado que tuvo la empresa fueron de 50.000 euros, lo que dificultaría el pago del canon. En este sentido, González ha apuntado a Atlántico Hoy que el plan que manejan continúa siendo que la empresa opere, si puede, en las instalaciones, aunque quizás en menor medida que actualmente ya que no podrían hacer frente al pago.
Aunque la no renovación se ha aprobado en el último momento en diciembre, el cabildo le ha concedido un plazo de nueve meses a la empresa para evitar hacer mella en su producción. Unos meses que también dan tiempo a buscar la fórmula para que la empresa continue en las instalaciones, han apuntado.