Un agricultor de Icod de los Vinos ha reclamado 100.590,07 euros a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias por los perjuicios que asegura sufrir desde hace años en una finca afectada por las obras del cierre del Anillo Insular de Tenerife.
El afectado sostiene que la construcción de la carretera entre Icod y Santiago del Teide dejó su propiedad dividida en dos partes, con accesos defectuosos, problemas de escorrentías y daños continuos en muros y terrenos agrícolas. El expediente de su caso reclama pérdidas económicas derivadas de campañas agrícolas no realizadas, deterioro de infraestructuras y obras pendientes que, según denuncia, nunca llegaron a ejecutarse pese a haberse pactado durante la expropiación.
Una finca dividida por la carretera
Un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que analiza el caso explica que la finca resultó afectada por la ejecución de la nueva carretera de Icod de Los Vinos a Santiago del Teide, concrétamente en el tramo de El Tanque. La Administración expropió a este agricultor 973 metros cuadrados de terreno y su propiedad quedó dividido en dos trozos.
Según el reclamante, en el acta de ocupación firmada en 2011, el Gobierno canario asumió el compromiso de "que se dejarán dos accesos practicables con portones de seis metros de ancho para posibilitar el paso de vehículos con remolque de animales desde la nueva vía al interior de los dos trozos restantes de terreno”.
El agricultor asegura que esos trabajos nunca llegaron a completarse. En su reclamación afirma que “se llevó a cabo únicamente el vallado perimetral, pero quedó pendiente de la realización del resto de las obras acordadas”.
Los daños que denuncia el propietario
En consecuencia, las obras provocaron problemas graves de acceso y canalización de agua en la finca. En el expediente asegura que “no se puede acceder a uno de los trozos resultantes tras la expropiación debido a la pendiente creada”.
También afirma que “los muros de contención preexistentes están sufriendo las consecuencias de no haberse procedido a la adecuada realización del camino de tierra” y denuncia que las lluvias y las escorrentías se agravaron por una “indebida o inexistente canalización”.
Según el agricultor, la situación ha impedido trabajar la finca con normalidad durante años. En consecuencia, sus terrenos han quedado en "total y absoluto abandono”.
Más de 100.000 euros en pérdidas
La reclamación que este agricultor dirige ahora a la Consejería de Obras Públicas incluye la rehabilitación de muros, costes de almacenamiento de materiales y pérdidas agrícolas acumuladas durante años. El informe pericial aportado por el demandante calcula los daños en 100.590,07 euros.
Además, el propietario de la finca reclama “la suma de 9.710,81 euros anuales, por cada una de las campañas agrícolas no realizadas”. El afectado pide que esas pérdidas sigan computándose mientras no se solucionen los accesos y los problemas de la finca.
Según la documentación incorporada al expediente, el agricultor también denunció que las obras impedían acceder con normalidad a parte del terreno y dificultaban incluso la construcción de un cuarto de aperos para el que contaba con licencia municipal.
Lo que admiten los informes técnicos
Durante la tramitación del procedimiento de reclamación de daños, varios informes técnicos reconocieron parte de los problemas denunciados por el propietario. Uno de los documentos de la Dirección General de Infraestructura Viaria admitía que uno de los accesos tenía “una pendiente del 18-20%” y añadía que “posiblemente este acceso no se ejecutó correctamente”.
Ese mismo informe reconocía además que “sí se hace necesario la canalización de las aguas pluviales a fin de evitar las escorrentías, ya que esto no se ejecutó”. Otro documento técnico posterior propuso actuaciones como recrecidos de muros, hormigonado de accesos, colocación de drenajes, cunetas y puertas pendientes de instalar desde la expropiación realizada en 2011.
Incumplimiento
El Consejo Consultivo considera que la Administración autonómica incumplió parte de las obligaciones asumidas durante la expropiación y avala que se ejecuten las obras pendientes comprometidas con el propietario.
El dictamen señala que el Gobierno de Canarias debe completar “las obligaciones asumidas por la Administración expropiante”, incluyendo los accesos y las puertas acordadas en las actas firmadas durante la ocupación de la finca.
Indemnizaciones planteadas
Además, el órgano consultivo advierte de que si las obras no se ejecutan “habrá de indemnizar al reclamante en la cantidad de 52.265,81 euros”, importe calculado por la propia Administración como coste de las actuaciones correctoras necesarias.
Respecto a las pérdidas agrícolas, el Consultivo entiende que parte de las reclamaciones habían prescrito, pero sí considera indemnizables las campañas de 2019 en adelante, a razón de 9.710,81 euros anuales.