La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres venezolanas en Madrid y Tenerife. La operación se ha saldado con la detención de 17 personas en las provincias de Madrid (12), Santa Cruz de Tenerife (4) y Toledo (1), de las cuales tres han ingresado en prisión provisional.
La investigación ha permitido identificar a 14 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de otras 12 potenciales víctimas. Según informa la Policía Nacional, las mujeres eran captadas en Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad económica y trasladadas a España bajo aparentes motivos turísticos.
Deudas impuestas
Una vez en territorio nacional, las víctimas eran obligadas a contraer deudas impuestas de entre 7.000 y 9.000 euros, que debían saldar mediante el ejercicio de la prostitución. La organización mantenía una red de pisos prostíbulos en distintas localidades españolas y trasladaba a las mujeres entre ellos para reforzar el control sobre las víctimas y maximizar los beneficios obtenidos.
La investigación comenzó en agosto de 2025 tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales, después de que se tuviera conocimiento de la existencia de varias mujeres venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en pisos prostíbulo de Tenerife. A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de Madrid, lo que permitió esclarecer la estructura y el funcionamiento de la organización.
Control de sus cuentas bancarias
En una primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables. En mayo fueron arrestados otros dos miembros del entramado. Según la Policía Nacional, la red estaba asentada en Madrid y Tenerife y estaba integrada por al menos once miembros, además de colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual. Las víctimas eran trasladadas habitualmente entre pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife.
Los investigados controlaban las cuentas bancarias de las mujeres, gestionaban anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios sexuales y administraban los beneficios obtenidos. Las víctimas permanecían sometidas a estrictas condiciones de control, debían estar disponibles las 24 horas del día y no podían rechazar clientes ni negarse a realizar determinadas prácticas sexuales, incluidos servicios sin preservativo.
Vigilidas
Además, estaban obligadas a residir en los pisos prostíbulo, sin poder salir solas del inmueble, y eran vigiladas mediante cámaras instaladas en los establecimientos. La organización también prolongaba la explotación mediante multas arbitrarias, préstamos en condiciones abusivas y la generación continua de nuevas deudas. La Policía Nacional señala que los investigados retiraban la documentación personal de las víctimas y las amenazaban a ellas y a sus familiares en Venezuela para impedir que abandonaran la red. Las víctimas consideraban reales estas amenazas, ya que los integrantes de la organización se hacían pasar por miembros del grupo armado Tren de Aragua.
Durante el dispositivo policial fueron intervenidos 800 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación relacionada con los hechos investigados. También fueron bloqueados 14 activos financieros utilizados por la organización para canalizar los beneficios obtenidos. La investigación continúa abierta para identificar a otras personas que habrían colaborado con la organización desde Venezuela, especialmente en las labores de captación de víctimas.