La fragilidad del sistema de Protección Civil en Tenerife no escapa a la realidad del día a día. Miguel Pérez, al frente de la agrupación de La Orotava, relata a Atlántico Hoy la contradicción que penaliza a la seguridad pública, destacando por un lado la predisposición del voluntariado y, por otro, a algunas administraciones que no siempre aportan los medios ni el compromiso necesarios. 

“No hay nada más frustrante que querer y no poder”, insiste, y en esa frase condensada queda la alarma. Para explicar el contexto de lo expresado, el entrevistado indica a modo de ejemplo que en una isla expuesta a incendios, altas mareas y erupciones, la diferencia entre acudir o quedarse a la espera puede ser apenas organizativa y presupuestaria.

Más compromiso

En el marco del Cabildo de Tenerife, en el momento de la entrega a 19 ayuntamientos de los respectivos remolques con equipamiento específico para actuar frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) al objeto de reforzar el sistema de emergencias de la Isla a través de las Agrupaciones de Protección Civil, Pérez reivindica un mayor compromiso político en los municipios.  

Al respecto, el responsable de Protección Civil sitúa el problema en dos planos, haciendo referencia a la falta de apuesta política local y al desgaste del propio voluntariado. A su juicio, muchos municipios aún no comprenden por qué necesitan una Protección Civil local con estructura y plan propio; otros -dice- “aportan más” o “menos” según la sensibilidad política del gobierno municipal, lo que dibuja un mapa de desigualdades entre ayuntamientos. 

En Tenerife existen agrupaciones en 19 municipios, pero la isla cuenta con 31 corporaciones locales, lo que deja a varios términos municipales sin cobertura adecuada o dependientes de la cooperación ajena en cada emergencia.

Voluntariado

El voluntariado, pieza angular del sistema, tampoco está blindado. Pérez calcula “casi 300” efectivos en la isla, mayoritariamente agrupados en equipos pequeños de 10 a 15 personas, y advierte que el cansancio, la falta de formación y la ausencia de medios provocan una rotación preocupante. 

“El voluntariado se cansa, se quema”, dice; “esto es un trabajo altruista y es frustrante cuando no se nos mantiene ni dota”. Para él, la solución pasa por políticas que no solo recluten sino que retengan, contemplando formación continuada, protección legal y recursos materiales para que el “querer” tenga forma operativa.

Apelan a una red insular

El jefe de la agrupación orotavense subraya, además, que la cooperación entre municipios y la coordinación con el Cabildo han demostrado su eficacia en episodios graves como, por ejemplo, la erupción del Tajogaite, incendios forestales y episodios de inundaciones, hechos que han puesto de relieve la necesidad de una red insular funcional. 

Sin “colores políticos”, sostiene, las agrupaciones han respondido, pero no siempre pueden hacerlo con la rapidez o el número de efectivos requeridos si los ayuntamientos no cierran filas y dotan los planes municipales de emergencias (PEMU) como corresponde.

Formación, protección y marco jurídico

Formación, dotación y marco jurídico son las tres patas que Pérez reclama con más urgencia. Comenta que no basta con uniformar a voluntarios, sino que “tenemos que estar a la altura de la labor que desarrollamos”, matizando que cada persona debe recibir capacitación y un rol definido dentro de la estructura de emergencias. 

A su vez, recuerda que los políticos tienen la responsabilidad de convertir en prioridades las partidas presupuestarias que sostengan la operativa diaria y los refuerzos en momentos de crisis.

Más protección para quienes protegen

Concluye Pérez que la seguridad ante emergencias en Tenerife no depende solo de planes lejanos, sino de decisiones municipales cotidianas. Si los gobiernos locales no invierten en sus agrupaciones, la isla seguirá funcionando a base de buena voluntad y solidaridad intermunicipal -una red valiosa, pero frágil-.

En un territorio que ya conoce la prueba del fuego y del volcán, la propuesta de Pérez no es técnica únicamente sino que también es política y social, concluyendo que proteger al voluntariado es proteger a la ciudadanía.