La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lleva años derivando a pacientes con alta médica pero sin alternativa habitacional a centros sociosanitarios de tránsito sin haber licitado nunca este servicio y seleccionando a los proveedores al margen de cualquier procedimiento de contratación pública.
Así lo sostienen dos recientes dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias, que avalan el pago de 89.741,61 euros a dos entidades privadas por la atención prestada durante enero de 2026 a pacientes derivados por el Servicio Canario de la Salud (SCS), aunque ambos resaltan que esta es una práctica recurrente a lo largo de los años.
Los expedientes analizados por el Consultivo resaltan una situación enquistada desde hace años en la sanidad canaria: cientos de personas permanecen ingresadas en hospitales públicos pese a contar con alta médica porque no pueden regresar a sus domicilios y tampoco disponen de una plaza sociosanitaria permanente.
Centros de tránsito
Para evitar que estos pacientes continúen ocupando camas hospitalarias, según estos dictámentes, el Área de Salud de Tenerife los deriva a recursos intermedios denominados "centros sociosanitarios de tránsito".
Según recoge uno de los expedientes, estos centros atienden a personas que, "pese a haber obtenido el alta médica tras finalizar su proceso asistencial", no pueden regresar a su domicilio y necesitan atención sociosanitaria hasta obtener una plaza permanente en el sistema de dependencia.
En uno de los casos analizados, una empresa privada prestó servicios de hospitalización de larga estancia por importe de 30.244,41 euros. En el otro, otra entidad recibió 59.497,20 euros por el mismo tipo de prestación.
"Nunca ha convocado un concurso"
La Dirección del Área de Salud de Tenerife reconoce, según queda recogido en los expedientes, que "la Consejería de Sanidad nunca ha convocado un concurso para la contratación de la larga estancia".
Los informes explican que estos pacientes ocupan camas hospitalarias que resultan necesarias para nuevos ingresos y que, por ello, se hace "imprescindible" recurrir a centros externos. Sin embargo, estas derivaciones llevan tiempo haciéndose prescindiendo de los procedimientos legales de licitación de forma recurrente y a dedo.
A dedo
Los dictámenes señalan que "los proveedores de los servicios fueron indicados por los responsables de la Dirección de Área o de los hospitales de referencia, y no a contratistas adjudicatarios de los correspondientes procedimientos de licitación".
Añaden los dictámenes que los procesos se realizaron "obviado toda clase de procedimiento de licitación al efecto". El Consultivo concluye que el servicio se prestaba sin cobertura jurídica y sin seguir los procedimientos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Esto produce que se formalicen contratos "vulnerando de manera flagrante los básicos principios que rigen la contratación pública".
"Práctica habitual y reiterada"
"Se constata que este hecho no se produce de manera puntual, sino que se trata de una práctica habitual y reiterada por parte de la Dirección de Área de Salud de Tenerife, a la vista del número de Dictámenes solicitados a este Consejo Consultivo sobre procedimientos de revisión de oficio en relación con la misma prestación", asegura el órgano consultivo.
Además, reprocha que la Consejería siga sin haber iniciado un procedimiento regular para contratar el servicio: "La Consejería de Sanidad nunca ha iniciado el procedimiento de contratación para este servicio de hospitalizaciones de larga estancia".
"Los motivos alegados ponen de manifiesto una falta de planificación del servicio competente, y esta grave irregularidad, como tal no puede prolongarse en el tiempo", critica el Consultivo, que también subraya que no consta que la Administración esté impulsando los trámites necesarios para regularizar definitivamente la situación mediante una contratación ajustada a la ley.