El Sindicato de Trabajadores Canarios y de sus Administraciones Públicas, STAP Canarias, representa a los trabajadores tanto del sector público como privado en las Islas y en este caso ha denunciado que en los municipios de Valle Gran Rey, en La Gomera,  y en San Juan de La Rambla, en Tenerife, las diferencias salariales y falta de transparencia en la gestión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), así como procesos de negociación, no han contado con la participación adecuada de la representación sindical.

Los dos casos destacan preocupaciones sobre equidad salarial “entre auxiliares administrativos que realizan idénticas funciones y asumen las mismas responsabilidades, pero con distinto nivel de complemento de destino”, posibles limitaciones a la participación sindical y medidas que podrían afectar a derechos consolidados y jornadas laborales. 

Valle Gran Rey

En relación a Valle Gran Rey, la Ejecutiva Territorial del STAP y la Sección Sindical del Ayuntamiento denuncian desigualdades salariales y trato desconsiderado hacia el sindicato, así como la persistencia de diferencias en complementos entre auxiliares administrativos y técnicos con funciones idénticas. Aseguran que la reciente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no ha igualado estas diferencias y que la brecha salarial se mantiene, incluso duplicando en algunos casos. Califican estas prácticas como una estrategia caciquil en un municipio que se presenta como democrático.

Argumentan una negociación insuficiente y señalan que la plantilla está subdotada de personal, mientras la voluntad política dilata mejoras para vincularlas al convenio del personal laboral. La Corporación propone reducir derechos consolidados, como jornadas reducidas en verano y Navidad, y descontar días de asuntos propios por reducciones horarias, medidas que consideran perjudicial para los trabajadores.

Limitación a la participación sindical

Sobre la valoración de puestos, denuncian que la RPT es arbitraria y opaca: la adjudicación no contempla visitas ni entrevistas en el puesto, basándose únicamente en información de responsables políticos, lo que, aseguran, compromete objetividad, dignidad y transparencia. También denuncian limitaciones a la participación sindical, con exclusión de la Mesa de Funcionarios y restricción de voz y voto en la Mesa General Conjunta.

Tras el verano, reiteran que retomarán el contacto para exigir el respeto a sus propuestas sobre desequilibrios económicos y valoración de puestos. No descartan conflictos laborales y otras acciones si las autoridades no atienden sus demandas, manteniendo la defensa de derechos y la plena participación sindical.

San Juan de la Rambla

En lo concerniente a San Juan de la Rambla, la Sección Sindical del STAP-Canarias en el Ayuntamiento expresa sorpresa e indignación por la aprobación de la RPT por parte del gobierno, sin la debida participación de la representación sindical.

El sindicato sostiene que se ignoraron acuerdos de la Mesa de Negociación del 1 de agosto de 2025, especialmente los relativos a la Policía Local, “la secretaria accidental  revisó únicamente las fichas de puntuación relativas a los Policías y no así el resto de fichas incluidas las suyas propias en su beneficio, exigiendo rebajar las puntuaciones de los agentes que se traduce a un peor salario, bajo la advertencia e incluso amenaza al Sr. Alcalde en su cara de emitir un informe negativo en la última reunión de la que se marchó con soberbia despreciando a todos los presentes”.

Hostilidad

Destacan desde STAP Canarias que el concejal de Recursos Humanos (RRHH), Jonay Méndez Vargas, convocó el 7 de agosto una nueva Mesa para modificar acuerdos ya cerrados, aprovechando el periodo vacacional y la limitada presencia de sindicatos. En esa sesión no se votó nada, pero el gobierno aceptó unilateralmente la rebaja de puntuaciones exigida por la secretaria, incumpliendo lo pactado y cediendo ante presiones de una técnica que, según el sindicato, mantiene hostilidad hacia la Policía Local.

Añaden que desconocen los motivos y fundamentos que llevaron a la modificación “en perjuicio de los policías, más allá de un supuesto desprecio hacia los uniformados”. El STAP sugiere que la corporación local podría ceder ante la presión de una funcionaria que impone su voluntad y favorece intereses específicos, generando falta de transparencia. El sindicato advierte que la Policía Local podría decidir continuar en conflicto ante lo que considera una tomadura de pelo repetida.

Defensa de los Derechos Laborales

En este contexto, el sindicato denuncia permisividad y dependencia de una técnica municipal que aplica normas según convenga, generando dudas legales. Asimismo, indican que esperan que la situación se clarifique y se garanticen procesos más transparentes y participativos.

El STAP advierte que, si no se atienden sus demandas, podrían intensificarse las acciones de defensa de derechos y de participación de los trabajadores.