El proyecto del falso túnel de la TF-1 entre Fañabé y Las Américas continúa "paralizado desde junio de 2025" pese a contar "con financiación estatal, adjudicación en vigor y respaldo técnico", según ha denunciado este lunes el PSOE de Adeje.
La polémica con este proyecto no es actual, se arrastra desde hace años y ha pasado por distintos gobiernos, mientras crece la presión de empresarios y conductores que reclaman su puesta en marcha. Por este tramo de la TF-1 pueden circular hasta 100.000 vehículos diarios, lo que agrava los problemas de tráfico, especialmente en horas punta. Ya en diciembre de 2022, el entonces consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, anunció que el contrato para la redacción y ejecución del proyecto se cerraría en semanas, con un plazo de obra estimado en 45 meses una vez firmado.
Denuncia del PSOE
En un comunicado, los socialistas explican que la actuación, "con un presupuesto superior a los 90 millones de euros", apenas ha ejecutado "unos 600.000 euros de los más de 37 millones consignados en los presupuestos autonómicos entre 2023 y 2026", lo que representa menos "de un 2% del total previsto para este periodo".
Indican que el proyecto, denominado aumento de capacidad con vías colectoras sobre falso túnel, fue "incorporado al convenio de carreteras Canarias-Estado 2018-2027 en diciembre de 2018" y, tras la redacción y aprobación del anteproyecto entre 2019 y 2023, "se adjudicó en mayo de 2023 con un plazo de ejecución de cuatro años".
Trabajos
Pero según el PSOE de Adeje la actual Consejería de Obras Públicas "suspendió los trabajos en junio de 2025 e inició un expediente para resolver el contrato", lo que ha dejado la ejecución "prácticamente detenida desde entonces".
A ello añaden que el impacto económico es "significativo" porque desde el sector empresarial "estiman pérdidas que podrían superar los 500 millones de euros al año debido al tiempo perdido, el incremento del consumo de combustible y los sobrecostes logísticos asociados a la congestión", según apuntan. En este sentido hacen referencia a las complicaciones en el plano administrativo y subrayan que "una eventual resolución del contrato obligaría a iniciar un nuevo proceso de licitación, que podría prolongarse durante al menos cuatro años más las obras".