El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) y ha dejado sin efecto la Ordenanza Provisional con la que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona regulaba esta actividad en el municipio tinerfeño.
La resolución judicial estima los argumentos presentados por la asociación, que había denunciado la existencia de defectos en el procedimiento de aprobación de la norma. Según ASCAV, el tribunal considera que el Consistorio omitió un trámite esencial: la evaluación ambiental estratégica.
Un defecto de procedimiento
La asociación sostenía que la ausencia de este instrumento hacía que la disposición urbanística fuera nula de pleno derecho. El TSJC ha estimado sus argumentos y ha tumbado la ordenanza provisional que establecía las condiciones para el desarrollo de la actividad de vivienda vacacional en Granadilla de Abona.
ASCAV considera que se trata de una resolución especialmente relevante porque, según señala, es la primera dictada en Canarias sobre esta cuestión. A su juicio, el pronunciamiento judicial puede marcar un precedente para otros procedimientos relacionados con la regulación municipal de las viviendas vacacionales.
Una oportunidad para propietarios
La asociación sostiene además que la decisión abre una vía para los propietarios que ya ejercían la actividad antes de la entrada en vigor de la ordenanza municipal.
ASCAV considera que el carácter restrictivo de la norma limitaba los derechos de estos propietarios y que la resolución del TSJC supone una oportunidad para quienes desarrollaban esta actividad con anterioridad a su aprobación.
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