La Universidad de La Laguna ha encargado unas obras de emergencia para eliminar la concentración de gas radón detectada en varios espacios de la Facultad de Farmacia. Los trabajos afectarán al laboratorio número 5 y a los laboratorios de microbiología, cultivos celulares y tecnología farmacéutica.
El contrato, publicado el 26 de agosto en la Plataforma del Sector Público, tiene un importe de 86.169,02 euros, impuestos incluidos. La cuantía sin impuestos asciende a 80.531,79 euros, exactamente el valor estimado del contrato.
Una única oferta
La adjudicación ha recaído en Karltec Servicios, S.L., una pequeña y mediana empresa con domicilio en el barrio de El Chorrillo, en Santa Cruz de Tenerife. La compañía presentó la única oferta recibida y lo hizo por el importe máximo previsto, esto es, 80. 531,79 euros sin impuestos, 86.169,02 euros con impuestos.
La documentación oficial justifica la elección señalando que se trataba de la “única oferta por razones de emergencia”. El plazo previsto para ejecutar las obras se extiende hasta el 10 de septiembre.
Un procedimiento excepcional
La ULL recurrió a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. El expediente se formalizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula que permite actuar con mayor rapidez cuando existe una situación que la Administración considera urgente.
Como justificación, la Universidad alude a una “extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador” y a la declaración de emergencia realizada por el rector de la institución.
El anuncio no detalla cuáles fueron las mediciones obtenidas ni qué niveles de radón motivaron la intervención. Tampoco precisa las soluciones técnicas que se aplicarán en cada laboratorio. El objeto del contrato se limita a describir unas obras destinadas a eliminar la concentración del gas en esas instalaciones.
El radón, un riesgo invisible
El radón es un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en el interior de los edificios, especialmente en espacios cerrados y con poca ventilación. La exposición prolongada a concentraciones elevadas se considera un riesgo para la salud, por lo que su presencia exige realizar mediciones, adoptar medidas de ventilación o sellado y comprobar después que los niveles se han reducido.
En este caso, las actuaciones se desarrollarán en laboratorios de la Facultad de Farmacia, espacios en los que trabaja y circula de forma habitual personal universitario, investigadores y estudiantes.
Recurso contra la declaración de urgencia
El expediente incorpora también la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de urgencia aprobada por el rector el pasado 24 de julio. El plazo indicado en el anuncio finaliza el 24 de septiembre de 2026.
La existencia de este plazo no paraliza por sí misma la actuación contratada, que la Universidad ha encuadrado dentro de la tramitación de emergencia. El contrato no cuenta con financiación de fondos de la Unión Europea.
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