Varios particulares y empresas han llevado a los tribunales la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona (Tenerife), impulsando una batería de recursos contencioso-administrativos contra el acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2025 por la Comisión Autonómica de Informe Único.
Entre los recurrentes figuran tanto ciudadanos como sociedades mercantiles con intereses en el municipio, como José Carlos Rodríguez Rodríguez, Enrique Alfonso García y las empresas Ferretería Tamaide, S.L., Chafiras, S.A. y RH Cuenca, S.L., todos ellos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Impugnación del planeamiento urbanístico
El objetivo de estos recursos es cuestionar la legalidad del acuerdo autonómico que aprobó el planeamiento urbanístico supletorio, un instrumento que sustituye al planeamiento municipal cuando este no está adaptado o no existe y que regula aspectos clave como la ordenación del suelo, los usos urbanísticos y el desarrollo del territorio.
Un plan presentado como “hito histórico”
La aprobación del plan fue defendida por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona como un “hito histórico” para el desarrollo del municipio, al permitir actualizar unas normas urbanísticas con varias décadas de antigüedad y aportar seguridad jurídica al crecimiento.
Entre sus principales novedades, el documento unifica la normativa urbanística a ambos lados de la autopista TF-1, incorpora condicionantes vinculados a la navegación aérea por la proximidad del aeropuerto y adapta el régimen del suelo rústico a las últimas modificaciones del planeamiento insular.
Del respaldo institucional a los tribunales
Tras su aprobación, el plan ha sido objeto de diversas impugnaciones judiciales, lo que ha llevado al TSJC a requerir al Gobierno de Canarias la remisión del expediente administrativo completo que sustenta la aprobación.
En respuesta, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial ha remitido la documentación y ha publicado los anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), emplazando a los interesados —incluido el Ayuntamiento de San Miguel de Abona— a personarse en el procedimiento en un plazo de nueve días.
Posible ampliación del conflicto judicial
A los recursos ya presentados podrían sumarse nuevos en las próximas semanas. Según ha podido saber Atlántico Hoy, asociaciones vecinales del municipio también preparan acciones judiciales contra el plan, lo que podría ampliar el frente judicial abierto en torno al planeamiento urbanístico.