"Cualquier ingreso del sector público que supere el 25 % del presupuesto de ingresos del club será excluido del cálculo". El precepto anterior figura entre las 49 páginas de las Regulaciones de Estabilidad Financiera y Juego Limpio que la Euroliga ha presentado esta semana, una nueva ordenanza que ajustará las cuentas de todos los clubes con Licencia fija para jugar en la gran competición europea de baloncesto. Esa condición, en España, sólo la gozan Real Madrid, FC Barcelona y Baskonia.
La medida, por tanto, no afecta directamente al Club Baloncesto Gran Canaria, que no se mueve por esas alturas de la nobleza continental en el mundo de la canasta, pero lanza un aviso que la entidad claretiana —propiedad de una administración pública como el Cabildo— debería tener en cuenta: competiciones, asociaciones y rivales empiezan a limitar los espacios para equipos como el propio Granca que, económicamente, se sostienen en buena medida del dinero público.
Mitad del presupuesto
La nueva norma del gran torneo continental, de entrada, no afectaría al Granca pese a que esta temporada, por ejemplo, la mitad de su presupuesto —que asciende a 10,3 millones de euros— sea procedente del erario público (3,9 millones los abona el Cabildo a través de una subvención directa; y 1,8 millones los paga el Gobierno de Canarias por medio de Promotur y una ayuda a favor del baloncesto de formación). Si a la entidad presidida por Sitapha Savané le diese por ganar la Eurocup, victoria que da pase directo para la Euroliga, no estaría sujeto a la norma que encabeza este texto porque no es propietario de una Licencia fija.
Además, esas nuevas normas de fair play financiero —que hasta incluyen un tope salarial— de momento no se aplicarán en la Eurocup, torneo vinculado a la propia Euroliga y en el que el conjunto que dirige jaka Lakovic ya ha alcanzado el cruce de cuartos de final (se medirá al Hapoel Jerusalén). Así, al menos, consta en el Granca. "Euroliga no nos ha comunicado nada sobre el tema", explicaban este jueves desde la entidad claretiana antes de subrayar que "así que entendemos que no, que no se aplicarán" en la próxima edición de la Eurocup.
Primer paso
Más allá de los nuevos condicionantes para regular el estado financiero de las cuentas de sus clubes, lo que sí es cierto es que la Euroliga es la primera organización que pone negro sobre blanco, en un documento, una limitación a la financiación pública. Cierto es que no precisa a qué se refiere cuando señala que "será excluido del cálculo [¿habla del presupuesto disponible para competir en el gran torneo continental?]" y que la propia normativa presentada esta semana cuenta con numerosas excepciones a sus propios preceptos, pero ya acota y da un primer paso reclamado por algunos clubes.
Hace más de una década, en 2013, la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación contra siete clubes españoles de fútbol —Real Madrid, FC Barcelona, Valencia CF, Hércules CF, Athletic Club, Elche CF y Osasuna— para determinar si recibieron ventajas fiscales, ayudas públicas en su país e incumplimientos de obligaciones jurídicas. El proceso quedó en nada, aunque por el camino ya se señaló al Granca, una Sociedad Anónima Deportiva cuyo propietario es directamente una administración pública que, además, le presta ayuda en forma de patrocinios, subvenciones o la financiación del Arena.
¿Competencia desleal?
Un rumor —más bien leyenda— empezó a rodear entonces al CB Gran Canaria: la supuesta existencia de una ley de la Unión Europea (UE) que impedía que un club deportivo fuese propiedad de una administración pública. Todo, por cierto, con un único y loable fin: combatir la competencia desleal. Sin embargo, tanto tiempo después, nadie ha encontrado rastro de esa norma.
En paralelo, sin embargo, sí ha germinado cierta animosidad contra el estatus de entidad pública que goza el Granca en algunos sectores del baloncesto español y continental, que sí encuentran en la condición de la entidad claretiana una competencia desleal e incluso hablan de dopaje financiero.Todos, eso sí, con la boca pequeña y sin plantearlo en las asambleas u órganos correspondientes.
Marca Canarias
El Granca no es la excepción en el Archipiélago. El CB Canarias, que este año compite en la Liga Endesa bajo el nombre comercial de La Laguna Tenerife garantiza el 40% de su presupuesto con dinero procedente del erario público —Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias—.
Esa dependencia de lo público trasciende más allá del baloncesto en las Islas. Un dato de 2013: ese año los ocho equipos canarios que compitieron en las Superligas masculinas y femeninas —sí, leyeron bien: ocho equipos canarios— recibieron cerca de 3,8 millones de euros de diferentes administraciones públicas (entre los otros 15, de Península y Baleares, ingresaron casi 2,8 millones).
Pero eso, lo del erario público invertido en Canarias en baloncesto, el voleibol, el balonmano, otros deportes y centenares de competiciones, es otra historia: es la financiación de proyectos privados en los que muchas veces el dinero aportado por los ciudadanos del Archipiélago acaba fuera de las Islas. Toca por ver si algún día añgún político le pone ese cascabel al gato.