La lucha canaria afronta una crisis arbitral en Tenerife a poco más de una semana del comienzo de la temporada. La destitución de Yeray Díaz como presidente del Comité Insular de Árbitros ha llevado a los colegiados que formaban parte del colectivo la pasada campaña a no tramitar sus licencias, mientras la Federación busca antiguos árbitros y contempla solicitar refuerzos de otras islas para garantizar el inicio de la competición el próximo 1 de octubre.
Las dos partes coinciden en que la relación entre Díaz y la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife se había deteriorado, pero ofrecen explicaciones completamente distintas sobre las causas. El expresidente arbitral atribuye el conflicto a las intromisiones en el funcionamiento del comité, las críticas continuadas hacia los colegiados y los retrasos en los pagos. El presidente de la Federación, Tanausú Estévez, sostiene que Díaz perdió su confianza y mantenía enfrentamientos con prácticamente "todas las áreas de la entidad".
Pese a la incertidumbre, Estévez garantiza que las competiciones comenzarán “en tiempo y forma”. Su plan pasa por recuperar a varios integrantes del anterior colectivo, incorporar árbitros que llevaban años retirados y, si fuera necesario, solicitar colegiados a las federaciones de otras islas.
De árbitro en activo a presidente del comité
Yeray Díaz explica a Atlántico Hoy que entró hace dos temporadas en el Comité Insular de Árbitros como vocal, mientras todavía ejercía como colegiado. Posteriormente asumió la secretaría después de que la persona que ocupaba ese cargo dimitiera, según su versión, por diferencias con Tanausú Estévez. Al comienzo de la temporada 2025-26, el entonces presidente del comité, Naím Yánez, también abandonó el puesto. Díaz quedó como presidente en funciones y la Federación decidió someter el nombramiento a una votación entre los árbitros. Según relata, obtuvo 13 apoyos, frente a los tres recibidos por otro candidato, además de un voto en blanco y otro nulo.
Díaz asegura que, tras ese resultado, dejó de arbitrar para dedicarse a la presidencia del comité. La Federación estableció para el cargo una compensación mensual de 400 euros, una medida que, según sostiene, fue aceptada por los colegiados al entender que ya no podría recibir las cantidades correspondientes por dirigir luchadas.
Estévez ofrece una interpretación diferente sobre el nombramiento. Defiende que la presidencia del Comité de Árbitros es un cargo de confianza que depende directamente del máximo responsable de la Federación y que, por tanto, podía retirar a Díaz cuando considerase que ya no reunía las condiciones necesarias para continuar. “El presidente de los árbitros es un cargo directo única y exclusivamente del presidente”, sostiene Estévez, quien justifica el cese por los “malentendidos” que Díaz mantenía con el comité técnico, el área deportiva, el Comité de Competición y la administración de la propia Federación. “Era inviable tenerlo ahí”, sentencia.
Las discrepancias sobre la autonomía arbitral
La relación comenzó a deteriorarse, según Díaz, a raíz de los informes elaborados por el delegado federativo durante las luchadas. El expresidente del comité sostiene que estos documentos dejaron de centrarse en las incidencias organizativas de los encuentros y comenzaron a fiscalizar cuestiones propias del arbitraje, como la aplicación de amonestaciones, la uniformidad o las decisiones adoptadas sobre la arena.
Díaz afirma que el colectivo trasladó sus quejas tanto al presidente como al vicepresidente de la Federación, pero que los problemas continuaron durante toda la temporada. A ello se añadió la creación de un comité técnico compuesto por personas con experiencia previa en la lucha canaria, pero que llevaban tiempo alejadas del arbitraje activo. Los árbitros solicitaron conocer el reglamento, las competencias y los objetivos de este nuevo órgano. Díaz asegura que nunca recibieron esa documentación y acusa al comité técnico de someter semanalmente a los colegiados a un “bombardeo constante” de críticas.
Para el antiguo responsable arbitral, esta estructura terminó reduciendo la autonomía del comité que presidía. El enfrentamiento definitivo se produjo por las designaciones para varias luchadas celebradas en septiembre, en las que participaron personas que llevaban años retiradas o no habían sido nombradas por el Comité de Árbitros, siempre según su versión. Díaz defiende que las designaciones corresponden al propio comité y que, cuando no existen colegiados disponibles, el encuentro debe suspenderse o aplazarse. Tras presentar una queja formal, afirma que la Federación intentó asumir directamente esta competencia y que poco después recibió la comunicación de su destitución.
Un acuerdo firmado antes del cese
Uno de los puntos centrales de la versión de Yeray Díaz es una reunión celebrada el pasado 2 de septiembre. Según explica, los 22 árbitros acudieron para exponer ante la Junta de Gobierno los problemas acumulados durante la temporada anterior y reclamar soluciones antes de comenzar la campaña 2026-27. Díaz asegura que en esa reunión se firmó un acuerdo que lo ratificaba como presidente del comité durante los dos años restantes del mandato federativo. El documento también habría recogido el compromiso de abordar las preocupaciones planteadas por el colectivo.
Sin embargo, sostiene que apenas 14 días después fue destituido. Este cambio de postura llevó a los árbitros a desconfiar definitivamente de la dirección insular. “Visto que falta a su palabra y a su firma, hemos decidido que no vamos a pitar mientras esté al frente de la Federación”, explica. El colectivo no ha tramitado todavía sus licencias para la nueva temporada. Por ello, más que una huelga de árbitros federados, la situación actual consiste en una negativa a formalizar su vinculación para la campaña que está a punto de comenzar.
¿Disputa personal?
Estévez rechaza la interpretación de Díaz y sostiene que el antiguo presidente ha convertido su destitución en una disputa personal. Asegura que la Federación mantiene las puertas abiertas a todos los árbitros que quieran presentar su documentación, pero descarta cualquier posibilidad de que Díaz recupere el cargo.
El dirigente llega a acusar al expresidente del comité de influir sobre sus compañeros para impedir que tramiten sus licencias. Según afirma, algunos colegiados quieren continuar, pero se han sentido presionados para secundar el plante. Díaz, por el contrario, sostiene que la decisión fue adoptada de forma conjunta ante la situación vivida durante la temporada.
Retrasos en los pagos
La crisis también tiene una vertiente económica. Díaz denuncia que los retrasos en los pagos comenzaron en noviembre y que enero fue el único mes en el que los árbitros cobraron con normalidad. En otros momentos, afirma, las transferencias llegaron varias semanas después de las fechas previstas. En Tenerife, los colegiados reciben una cantidad mensual y no cobran individualmente por cada luchada. Parte de ese dinero se ingresa en una cuenta vinculada al comité, aunque formalmente figura a nombre de la Federación Insular.
Díaz sostiene que esa cuenta sufrió embargos relacionados con la situación económica de la entidad y que llegó a utilizarse dinero destinado al colectivo para otros gastos. También afirma que Estévez tuvo que afrontar personalmente uno de los pagos después de que las cuentas federativas fueran bloqueadas. Se trata de acusaciones formuladas por el expresidente arbitral que requieren respaldo documental y sobre las que la Federación deberá concretar su versión.
Estévez no sitúa las condiciones económicas entre los motivos actuales del plante. Asegura que los árbitros no están reclamando mejoras salariales ni cambios en su funcionamiento y que su única exigencia es que dimita como presidente. “No están pidiendo ningún tipo de mejora arbitral”, afirma. Esta interpretación choca con el relato de Díaz, quien insiste en que la petición de dimisión llega después de meses de problemas relacionados con los pagos, las críticas al colectivo y la pérdida de autonomía en las designaciones.
Árbitros retirados y refuerzos de otras islas
La Federación trabaja ahora para configurar un nuevo grupo de colegiados. Estévez afirma que entre dos y tres árbitros que formaron parte del anterior comité ya han trasladado "su intención de continuar". A ellos podrían sumarse cinco antiguos colegiados que quieren regresar después de un periodo alejados de la actividad.
Estos últimos deberán tramitar sus licencias y superar las pruebas físicas y los requisitos correspondientes antes de volver a dirigir encuentros. Si el número continúa siendo insuficiente, la Federación Insular recurrirá a árbitros procedentes de otras islas. “Entre federaciones se pueden pedir árbitros”, explica Estévez, quien considera que este mecanismo permitirá cubrir las primeras jornadas mientras se normaliza la situación en Tenerife. El presidente confía además en que más integrantes del anterior colectivo se desmarquen progresivamente de Díaz y presenten sus licencias.
La organización de la temporada supone un reto considerable. Tenerife contará con nueve equipos en Segunda Categoría y otros nueve en Tercera, además del resto de competiciones masculinas, femeninas y de base. La disponibilidad real de árbitros y la necesidad de cubrir encuentros celebrados en diferentes puntos de la isla determinarán si la alternativa propuesta por la Federación puede mantenerse durante toda la campaña.
Dos diagnósticos incompatibles
La Federación y los anteriores responsables arbitrales no solo discrepan sobre la solución, sino también sobre la naturaleza del problema. Para Estévez, se trata de una reacción dirigida por una persona cesada que pretende condicionar quién debe presidir la Federación. Para Díaz, el cese fue la última consecuencia de una gestión que ha debilitado la independencia del arbitraje y ha incumplido los compromisos alcanzados con el colectivo.
“La Federación quiere a sus árbitros, pero sin Yeray Díaz”, resume Tanausú Estévez. Su propuesta consiste en que los colegiados regresen de forma individual, tramiten sus licencias y trabajen bajo una nueva dirección. La postura defendida por Díaz es igualmente firme: los árbitros que lo respaldan no volverán mientras continúe Estévez. El expresidente del comité considera agotada la vía del diálogo después de que, según asegura, se incumpliera el acuerdo firmado el 2 de septiembre.
Con el inicio de la competición fijado para el 1 de octubre, ambas partes mantienen posiciones prácticamente irreconciliables. La Federación garantiza que habrá árbitros y que la temporada comenzará con normalidad. El anterior comité advierte, en cambio, de que la mayoría de los colegiados de Tenerife no tramitará sus licencias. La respuesta definitiva llegará sobre la arena, cuando los equipos comprueben quiénes dirigirán las primeras luchadas y si la solución diseñada por la Federación resulta suficiente para sostener toda la competición.
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