El Cabildo de Gran Canaria elevó este jueves el tono institucional en el debate abierto sobre el futuro del Estadio de Gran Canaria, a pocas horas de que el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, advirtiera públicamente de que el club no volverá a jugar en Siete Palmas si no gestiona el recinto tras la reforma prevista con vistas al Mundial 2030. La respuesta llegó de boca del presidente insular, Antonio Morales, quien fue tajante: “Ni admitimos presiones ni chantajes de nadie”.
Las declaraciones de Morales se producen en un contexto clave. El Cabildo invertirá más de 100 millones de euros en la remodelación integral del estadio para que Las Palmas de Gran Canaria, confirmada como sede del Mundial 2030, cumpla con las exigencias de la FIFA. Las obras coincidirán en el tiempo con el final del actual contrato de uso del estadio por parte de la UD Las Palmas, que expira en junio de 2027, un escenario que ha abierto el debate sobre quién debe gestionar el recinto una vez culminada la reforma.
La UD, con alternativas
Ante las palabras de Ramírez, que incluso deslizó que el club ya maneja alternativas al Estadio de Gran Canaria, Morales quiso dejar claro que el Cabildo no tomará decisiones condicionado por ultimátums. “El Cabildo es soberano en la toma de sus decisiones y nadie le marcará el paso en las decisiones que tiene que adoptar para la construcción y posterior gestión del estadio”, afirmó el presidente insular.
Morales subrayó además que cualquier determinación se adoptará desde una perspectiva de interés general. “Decidiremos en defensa del interés común y del interés general de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Cumpliremos para dotar de un servicio público de calidad”, señaló, reforzando la idea de que el estadio es una infraestructura pública estratégica, no solo un campo de fútbol.
Lejos de cerrar la puerta a un acuerdo con la UD Las Palmas, el presidente del Cabildo insistió en que no hay una decisión tomada y que el calendario permite margen para el diálogo. “Queda tiempo todavía para la decisión, caben muchas fórmulas para hacerlo posible, no se ha tomado la decisión”, explicó, apuntando a que la futura gestión del estadio puede articularse de distintas maneras una vez concluyan las obras.
Impacto económico
Morales también puso el foco en el papel del estadio como motor económico. El recinto reformado, defendió, será “un espacio que está llamado a dinamizar la economía de la isla”, más allá de su uso estrictamente deportivo, en línea con el impacto que se espera del Mundial 2030 y de los grandes eventos asociados.
La respuesta institucional del Cabildo marca un punto de inflexión en un pulso que promete ir a más conforme se acerque 2027. De un lado, una UD Las Palmas que aspira a gestionar el estadio que considera su casa tras décadas de uso; del otro, una administración que reivindica su autoridad y responsabilidad sobre una inversión pública histórica. El choque de discursos ya está sobre la mesa, aunque ambas partes coinciden, al menos por ahora, en una cosa: aún hay tiempo para decidir.