La liquidación de Seguridad Integral Canaria SA (SIC) mantiene abierto un complejo frente judicial que afecta de lleno a su expresidente, Miguel Ángel Ramírez Alonso, también presidente de la UD Las Palmas y administrador único del Grupo Ralons.
El administrador concursal de SIC ha pedido al juez que anule la venta de 2.393 acciones del club amarillo y obligue al empresario a devolver los títulos a la compañía de seguridad, la cual está en situación de insolvencia desde 2018, tras los embargos y los procesos penales abiertos a instancias de la Fiscalía.
La venta de acciones se investiga también en la jurisdicción penal por insolvencia punible y otros delitos, es decir, por realizar supuestas operaciones para descapitalizar SIC y eludir los embargos, pero es el frente mercantil el que se reactiva ahora por el incidente de reintegración del administrador concursal.
Diez veces menos
El Juzgado de lo Mercantil número 2 admitió a trámite la demanda promovida por Juan Carlos Santos Barja el 7 de junio de 2023. La acción legal se dirige contra la propia concursada, contra Ramírez y contra la empresa Sport Trade Capital, sociedad en la que el presidente de la UD figura como administrador único y con la que atesora la mayor parte de los títulos del club.
El origen del litigio mercantil se remonta al 25 de septiembre de 2017, fecha en la que SIC vendió a Ramírez las 2.393 acciones por un precio de 224.942 euros, a razón de 94 euros por título, coincidiendo exactamente con su valor nominal. El pago se ejecutó mediante la vía de la compensación.
Sin embargo, la administración concursal y un informe previo de la Fiscalía argumentan que el valor real de dicho paquete accionarial era muy superior. Tomando como base el patrimonio neto del club al cierre del ejercicio 2016-2017 y balances posteriores, la demanda sostiene que el valor de esas acciones ascendía a 2.449.450,87 euros. Es decir, el precio pactado habría sido diez veces inferior al valor contable real de los títulos en el momento de la firma.
A la presunta infravaloración se suma un segundo movimiento: en agosto y septiembre de 2018, Ramírez traspasó esas mismas acciones a Sport Trade Capital SLU, utilizándolas como contravalor para una ampliación de capital de dicha mercantil. Por todo ello, el administrador concursal solicita al juez que declare la rescisión y la ineficacia de la venta inicial.
"Mala fe"
Santos Barja acusa a Ramírez y a la subadquirente de actuar con "mala fe" por ser conocedores del valor contable real de las acciones, exigiendo a Sport Trade Capital que reintegre los títulos a la masa activa del concurso para satisfacer a los acreedores.
Subsidiariamente, en caso de que no se pueda proceder a la devolución de los bienes, el demandante exige condenar a Ramírez a abonar a la masa concursal los 2,44 millones de euros del valor real de las acciones, o, en el peor de los casos, restituir los 224.942 euros de la compensación original.
La última petición es sólo para el supuesto de que se desestimen las dos principales, es decir, la reintegración de los activos o el pago de los 2,44 millones de euros.
La repercusión penal
Esta controvertida compraventa no solo afecta al concurso de acreedores, sino que constituye la piedra angular de una querella interpuesta a finales de 2018 por la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos. El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a Ramírez y a otras ocho personas por presuntos delitos de insolvencia punible y contra el derecho de los trabajadores.
Las acusaciones penales sostienen que la venta de las acciones fue un negocio "ficticio" diseñado en fraude de ley. El objetivo habría sido descapitalizar a Seguridad Integral Canaria para evitar que la Administración Tributaria embargara los títulos de la UD Las Palmas y así cobrar una deuda que la empresa mantenía con el fisco por valor de siete millones de euros.
Hacienda llegó a dictar el embargo de dichas acciones el 9 de noviembre de 2017, pero la orden no pudo ejecutarse porque la titularidad ya había sido transferida a Ramírez semanas antes.
Frente a estas interpretaciones, el empresario defiende la legalidad de la operación y la vincula a un préstamo previo de 240.000 euros realizado a la tesorería del club, argumento que las acusaciones rechazan por la existencia de deudas millonarias y aplazadas del propio Ramírez hacia SIC.
Paralizado por la burocracia
A pesar de la gravedad de los hechos investigados, la causa penal lleva años en diligencias previas sin avanzar. La resolución del caso depende de una prueba pericial independiente que determine de forma oficial si los 224.942 euros pagados se ajustaban al mercado o si, como sostiene el administrador concursal en la vía mercantil, el precio real superaba los 2,4 millones.
Buena parte de ese retraso se debe a que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias no asignó los fondos necesarios para costear el trabajo del perito.
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