La tensión abierta entre la UD Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria por la gestión del Estadio de Gran Canaria, en pleno contexto de la reforma proyectada para 2029 con motivo del Mundial de 2030, ha puesto sobre la mesa una cuestión clave: qué modelo de gestión rige hoy los estadios donde compiten los clubes profesionales en España y hasta qué punto el caso grancanario se ajusta —o no— a esa realidad.
El presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez, advirtió esta semana de que, si la UD no gestiona el estadio, la entidad buscaría otro recinto para disputar sus partidos oficiales. La respuesta del presidente del Cabildo, Antonio Morales, fue inmediata y tajante: “no admitimos ni presiones ni chantajes”. Más allá del cruce de declaraciones, los documentos administrativos y convenios de uso de estadios firmados por numerosos clubes profesionales y a los que ha tenido acceso Atlántico Hoy ofrecen un marco de referencia claro.
La revisión de acuerdos en vigor en Primera y Segunda División revela un patrón común: la mayoría de los estadios de titularidad pública están cedidos a los clubes mediante concesiones administrativas o convenios de uso a largo plazo, que permiten a las entidades gestionar directamente el recinto donde juegan sus partidos oficiales.
Osasuna y Sporting
En Pamplona, Osasuna juega en El Sadar mediante una cesión gratuita por 30 años otorgada por el Gobierno de Navarra. Canon anual: 0 euros. El club asume el 100% del mantenimiento, los gastos de explotación, los seguros obligatorios y las obras de adecuación y modernización, incluidas las realizadas en la última gran reforma del estadio.
En Gijón, el Sporting dispone de una concesión de uso de El Molinón a largo plazo. Canon anual: 0 euros. El convenio no fija alquiler, pero obliga al club a afrontar conservación, mantenimiento, seguros de responsabilidad civil y gastos ordinarios derivados del uso del estadio.
Málaga y Getafe
El Málaga CF juega en La Rosaleda bajo un acuerdo con las administraciones propietarias del recinto. Canon anual: 0 euros. El club asume consumos, limpieza, seguridad, mantenimiento, seguros y las obras necesarias para cumplir los requisitos del fútbol profesional.
En el Coliseum, el Getafe CF tampoco paga alquiler. Canon anual: 0 euros. El estadio es municipal, pero el club asume la gestión ordinaria, el mantenimiento del recinto y los gastos asociados a su actividad deportiva, además de la explotación de determinados espacios comerciales.
Valladolid y Rayo
El Real Valladolid utiliza el José Zorrilla bajo un modelo similar. Canon anual: 0 euros. El acuerdo se basa en el uso preferente del estadio y en la asunción por parte del club de los costes de funcionamiento, conservación y mantenimiento.
En Vallecas, el Rayo Vallecano cuenta con una concesión administrativa sobre el estadio. No existe un alquiler fijo anual. El documento firmado con leña Comunidad de Madrid establece que la contraprestación económica se articula a través de obligaciones de gasto y mantenimiento, y no mediante un canon clásico de arrendamiento.
Pago en Fuenlabrada
Los patrones se repiten en Mirandés, Lugo o Ponferradina juegan en estadios públicos con canones inexistentes o simbólicos, asumiendo el club los gastos ordinarios y las responsabilidades de uso. En estos casos, el canon económico directo también es 0 euros, según la documentación analizada.
Uno de los pocos casos con cifra económica concreta es el del CF Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. El convenio fija un canon anual de 32.891,20 euros, vinculado a compensaciones municipales, además de las obligaciones de mantenimiento y conservación del recinto.
Modelo mayoritario
Este contexto resulta clave para entender el debate del Estadio de Gran Canaria. En el fútbol profesional español, la norma no es pagar alquiler, sino asumir costes, inversiones y riesgo económico a cambio de gestionar el recinto donde se compite.
La futura reforma vinculada al Mundial de 2030 refuerza esa lógica. Los estadios modernos exigen gestión continua, planificación financiera y explotación integral, un modelo que en España recae mayoritariamente en los clubes, mientras la administración mantiene la titularidad pública.
El pulso entre la UD Las Palmas y el Cabildo no gira, por tanto, en torno a si el club debe pagar o no por el estadio. La comparación con el resto del país muestra que la cuestión de fondo es quién gestiona, quién invierte y quién asume el coste real del estadio en el nuevo ciclo que se abre hacia 2030.
Proyecto
El proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria, denominado La Nube y diseñado por L35 Architects junto a Estudio 0710, contempla una transformación profunda del estadio en un recinto preparado para múltiples usos más allá del fútbol. El plan aprobado por el Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto que supera los 101 millones de euros, aumenta la capacidad de 32.418 a 44.484 espectadores para cumplir con los requisitos de la FIFA para el Mundial 2030 y acerca las gradas al terreno de juego, además de techar íntegramente el estadio.
Esta configuración mejorada no solo responde a las exigencias de competición internacional, sino que también incorpora espacios destinados a restauración, zonas de ocio y servicios interiores modernizados, que permitirán un uso diario del recinto fuera de las jornadas de partido.
Además de la ampliación y modernización de las gradas y la cobertura total, el diseño plantea una integración urbana más eficiente y la creación de instalaciones polivalentes, incluyendo áreas para eventos, actividades culturales y de entretenimiento, mejora de accesos y servicios al público, y la incorporación de sistemas técnicos avanzados orientados a sostenibilidad y eficiencia energética. El proyecto se concibe como un “aglutinador social” para Las Palmas, proyectado para acoger conciertos, encuentros culturales y otros eventos de gran formato, reforzando su papel como un motor económico y cultural para la isla más allá de su uso futbolístico.