A Rayco García, uno de los accionistas principales del CD Tenerife —posee algo más del 15% del capital social a través de dos sociedades: Cabrera Real State y RG Consultant—, aspirante a ocupar la presidencia de la entidad blanquiazul y al que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Número 1 de Santa Cruz ya investiga desde la semana pasada por un presunto delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género, le toca ahora hacer frente a una ampliación de la denuncia por maltrato psicológico y lesiones psíquicas severas a la joven de 28 años con la que mantuvo una relación —entre abril y agosto del año pasado— y que lo acusa de obligarla a abortar en contra de su voluntad.
La víctima ha sido diagnosticada con estrés, ansiedad y depresión severa, problemas todos derivados de la presunta presión sistemática y supuesta intimidación ejercida por Rayco García para interrumpir el embarazo. Entre las pruebas presentadas destacan un informe psicológico que confirma que esta sufrió un clima constante de hostilidad, insultos y amenazas.
Presión psicológica
También se presenta una evaluación psiquiátrica, en la que la víctima expresa haber perdido interés por la vida tras el aborto y el fin de la relación. Finalmente, se aportan mensajes de WhatsApp y audios en los que el denunciado insiste de manera reiterada en que la víctima aborte y la insulta, evidenciando el clima de coacción y maltrato psicológico al que fue sometida.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es que el acusado presuntamente habría llevado a la víctima a una clínica para interrumpir el embarazo en contra de su voluntad, amenazándola y acosándola hasta que cedió. La mujer, que siempre manifestó su deseo de continuar con el embarazo, terminó accediendo tras sufrir semanas de presión psicológica extrema.
Audios
En una de las pruebas de audio presentadas por la representación legal de la denunciante —con el abogado Juango Ospina al frente—, se escucha al denunciado gritando desde la recepción del edificio de la víctima: “Ese niño no va a nacer porque se va a terminar”. Además, el escrito destaca que la madre de la víctima también habría sido intimidada por el acusado, quien en una conversación le insinuó que tenía “gente que consigue hacer desaparecer personas”.
El Juzgado ha fijado para este martes, 18 de febrero, una comparecencia clave en la que se decidirá si el caso se archiva o se transforma en procedimiento abreviado o sumario, lo que podría suponer la libertad sin cargos para Rayco García o una imputación formal para el denunciado y la apertura de una investigación más profunda.
¿Conflicto empresarial?
Desde el entorno de Rayco García se confía en que la causa quede archivada este martes. Señalan, como buena señal para el empresario de Santa Úrsula (Tenerife), que el viernes de la semana pasada la jueza decidiera no adoptar medidas cautelares contra su persona y subrayan que este caso está ligado a intereses empresariales que tienen como objetivo que no pueda acceder a la presidencia del CD Tenerife.
En un comunicado emitido por su defensa, Rayco García aseguró que está sufriendo "una viva campaña de desprestigio" por un "evidente" conflicto empresarial con la familia de la denunciante que es, puntualizó, el detonante de la denuncia. Esta conclusión resulta contradictoria: la presunta víctima es nieta de Conrado González Bacallado, exvicepresidente del CD Tenerife y que dimitió de su cargo en la junta del 17 de diciembre para despejar el camino al propio Rayco García.
Reclamación millonaria
Ese movimiento estratégico es la raíz de la demanda presentada por José Miguel Garrido —principal accionista del CD Tenerife y con el que Rayco García mantiene un pulso por el control de la entidad blanquiauzl— contra el abuelo de la denunciante, Miguel Concepción y Amid Achi al considerar vulnerado —en la junta del 17 de diciembre— el pacto del sindicado que habían firmado los cuatro y que debía estar en vigor hasta 2028, según el documento privado que suscribieron todos estos actores.
Garrido entiende que ha habido lucro cesante y reclama daños y perjuicios: una cifra que ronda los 15 millones de euros.