La Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores (ACAVyT) rechazan la propuesta de AENA de imponer cobros a las guaguas por su acceso y estancia en los aeropuertos canarios porque "agrava los sobrecostes operativos" y "amenaza la viabilidad económica del sector turístico insular".
Según ha explicado en un comunicado la asociación, esta medida implicaría pagos por tiempo de estancia equivalentes a los de vehículos privados, con un impacto estimado de hasta 6.000 euros mensuales por guagua, en un contexto donde los contratos turísticos ya están firmados para la temporada 2025-26 sin margen para repercutirlos.
"Estos gastos fijos erosionan los márgenes ya ajustados de las empresas de transporte, forzando recortes en flotas o servicios esenciales", indica ACAVyT en la nota.
Pérdida de competitividad
La asociación considera que los turoperadores canarios y la red de agencias minoristas, que integran estos traslados en paquetes turísticos completos, "sufrirían un encarecimiento generalizado de sus ofertas, reduciendo la competitividad frente a destinos rivales y desincentivando la llegada de visitantes".
En ese sentido, advierte de que "la imposibilidad de ajustar precios a corto plazo genera pérdidas acumuladas para pequeños operadores locales, comprometiendo la programación de rutas y la estabilidad de alianzas con hoteles y proveedores".
Además, a su juicio, "penalizar el transporte colectivo de alta capacidad contradice los objetivos de descarbonización turística", en un momento en el que Canarias está haciendo "un esfuerzo significativo" para desarrollar un destino turístico alineado con la Agenda 2030 de la ONU, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la movilidad eficiente.
Colapso
Para la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores esta tasa frenará estos avances al desincentivar el uso de las guaguas colectivas y, "sin alternativas viables para esperas fuera del recinto", prevé "colapsos en terminales con cientos de pasajeros varados".
Por eso, ha urgido tanto al Gobierno de Canarias como a las autoridades estatales a bloquear esta iniciativa, defendiendo un modelo tarifario que priorice el interés general del archipiélago y que preserve la cadena de valor del turismo, especialmente para la red minorista.