A 24 horas para que finalice el plazo para presentar alegaciones al proyecto de ley de alquiler vacacional en Canarias, Airbnb —plataforma de alquileres vacacionales que cuenta con más de cinco millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 1.500 millones de personas en casi todos los países del mundo— pide que la norma que tramita el Gobierno autonómico del Archipiélago se ajuste a la nueva normativa de la Unión Europea (UE).
Hace poco más de dos meses, el Parlamento Europeo dio luz verde a un reglamento que pauta los alquileres de los pisos turísticos. La nueva ley contará con un plazo de dos años para su implementación por parte de las plataformas digitales y las administraciones públicas. En esencia, la norma de la UE ofrece regulaciones más simples y armonizadas para los alquileres de corta duración, para lo que incluyen un procedimiento de registro en línea sencillo para propiedades de alquiler de corta duración en jurisdicciones que lo requieran y un marco de compartición de datos más eciente para apoyar la formulación de políticas basadas en las evidencias.
¿Qué dice la norma de la UE?
Así, la mayor novedad del texto comunitario, que tiene como objetivo homogeneizar las diferentes normativas autonómicas que hay en España y luchar contra la oferta ilegal de pisos turísticos, establece los derechos y las obligaciones que deberán cumplir cada uno de los actores que intervienen en el negocio.
Los caseros, por ejemplo, están obligados a facilitar a la autoridad competente —en Canarias, el gobierno regional— sus datos personales y los de la vivienda, mientras que en el caso de las plataformas, se les reclama que colaboren con los anfitriones en el proceso de registro de la vivienda y, en cuanto a su relación con el Estado, compañías como Airbnb tendrán que enviar los datos de actividad de sus anfitriones —noches alquiladas, número de huéspedes, URL y número de registros— a través de los sistemas habilitados todos los meses.
¿Cómo ve Airbnb la ley canaria?
Airbnb, tras la publicación del borrador de la norma, considera que el Gobierno de Canarias ha planteado que la nueva ley delimite claramente las áreas en las que el alquiler vacacional podrá operar —restringiendo su actividad en ciertas zonas— y establezca un registro público, además de imponer sanciones a los alojamientos que no cumplan con las normativas.
Con la nueva ley europea como sustento, la compañía estadounidense, que tiene su sede central en San Francisco (California), manifiesta en un documento al que ha tenido acceso este periódico "su intención de colaborar con las autoridades canarias para implementar regulaciones proporcionadas que impulsen un turismo más sostenible". La plataforma subraya que su modelo "fomenta la dispersión de viajeros por las Islas, con la mayoría de las viviendas situadas fuera de las áreas urbanas principales, lo que beneficia a las economías locales".
Moratoria y ecotasa
Airbnb subraya que los propietarios de viviendas vacacionales —a través de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav)— ya solicitaron la semana pasada "una moratoria mientras se ajusta la nueva normativa" y propusieron también "una ecotasa para gestionar el impacto ambiental". Además, consideraron que las reglas planteadas por el Ejecutivo regional podrían ser demasiado restrictivas y afectar a las familias que dependen de estos ingresos.
Según datos de Eurostat y la propia Airbnb, las pernoctaciones en hoteles siguen dominando el turismo en Canarias: representaron en 2022 el 82%, mientras que las noches reservadas en Airbnb suponen menos del 4% del total. La mayor presencia de alojamientos registrados en la plataforma estadounidense se encuentra en las islas de La Gomera y El Hierro, donde apenas representa el 6% del total de noches, mientras que la huella de los hoteles —medida en noches reservadas— supera el 80% en Gran Canaria (86%), Lanzarote (82%), Fuerteventura (83%) y Tenerife (82%).
Familias perjudicadas
Airbnb recalca que sus anfitriones locales dependen de estos ingresos para compensar el aumento del costo de vida y mantener sus viviendas. Según los propios datos de la firma californiana, la mayoría de los propietarios que ofrecen sus alojamientos a través de su plataforma comparten una sola propiedad y ganan —de promedio— alrededor de 5.200 euros al año, lo que equivale a más de dos meses de salario adicional.
“Las implementación de reglas locales desproporcionadas, mientras se pone en marcha la nueva regulación europea", puntualiza Sara Rodríguez, directora de Políticas Públicas y Campaña en Airbnb Marketing Services SL, "podría perjudicar a familias locales y no abordar los desafíos del turismo de masas en las islas". "Airbnb", añade, "está dispuesta a trabajar con las autoridades en Canarias y en toda España para establecer normas proporcionadas que pongan por delante a las personas locales y les permitan beneficiarse del turismo de las zonas a las que pertenecen, y eviten políticas que sigan favoreciendo el dominio de los hoteles”.