Son varios los movimientos que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha impulsado con el objetivo de aliviar la crisis habitacional que supone un sinvivir para miles de personas que ven cómo el mercado se tensiona cada día más mientras los precios suben como la espuma. Una de las fichas puesta sobre el tablero por el área de Pablo Rodríguez ha sido buscar inversión privada incluso fuera del Archipiélago.
El pasado mes de enero viajó hasta Madrid para captar recursos en un encuentro donde juntó desde promotores inmobiliarios hasta banqueros. La colaboración público-privada, alabada por unos y criticada por otros, es una alternativa que ha sido muy discutida entre los que entienden de la materia. Alejandro Armas, profesor del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL), admite que le parece interesante.
Nuevas promociones
Aún así, el experto afirma que le daría una vuelta más. Pone sobre la mesa que es importante fijarse en otros modelos europeos donde, por ejemplo, las nuevas promociones de inmuebles no sean enteras para vivienda social, sino que se incorpore solo un porcentaje y en el mismo bloque de pisos convivan distintas clases sociales. Lo plantea como posibilidad para evitar errores del pasado en algunas ciudades de las Islas.
Es el caso de Añaza, un barrio de Santa Cruz de Tenerife en el que durante los años 90 se construyeron viviendas públicas. “Se acaba generando una especie de gueto porque toda la promoción se concentra en un lugar, parece que lo hubieran elegido para aislar a una parte de la población”, señala Armas. “Hay que pensar cómo se va a hacer y con qué incidencia territorial se llevará a cabo”, apostilla.
Financiación
“Que intervengan actores privados para luego dar una garantía del acceso a la vivienda”, incide, “no es una mala solución”. En una línea parecida, el Ejecutivo autonómico trabaja para sacar adelante un nuevo decreto ley que incluirá la habilitación a terceros con el fin de agilizar la concesión de licencias urbanísticas —al considerarlo uno de los mayores obstáculos a la hora de construir nuevas casas—.
Con el fin de dar mayor contexto, la financiación pública también ha jugado un papel importante en la estrategia que se ha trazado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. En la empresa pública Visocan han invertido 18 millones de euros que serán la vía para adquirir más de 120 casas protegidas. Los inmuebles estarán destinados al régimen de alquiler.
Blindar la vivienda
El investigador de la ULL lo aplaude desde la perspectiva de que la partida permitirá contar con más de un centenar de nuevos inmuebles. Eso sí, para que sea efectivo considera que deben quedar blindados en la bolsa de vivienda como planteó hace unos meses la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Más allá de la utilidad, Armas cree que sería conveniente analizar el histórico de las inversiones.
Tanto sobre los 18 millones de Visocan como el incremento del 11,35% en el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de cara a 2025 —alcanzando los 171,8 millones de euros—, resalta que sería clave ver la serie y compararlo con años anteriores. De esta manera se podría ver “cuál ha sido la inversión en las últimas décadas”.
Viviendas proyectadas
Cabe destacar que el Gobierno canario proyectó el año pasado 1.000 casas públicas nuevas y para este 2025 harán lo propio con otro millar. Aunque Armas destaca que toda acción —ante el grave problema que existe— se va a valorar, plantea que por cada vivienda nueva también se provocan efectos negativos. “Estamos generando mucho CO2 y acelerando un poco la crisis climática”, dice.
“Me pregunto a veces si es necesario a veces construir nueva vivienda cuando sabemos que existen muchas que están vacías y cómo podemos articular mecanismos que permitan resolver un problema que es grave, por supuesto, pero sin ahondar más en otros”, reflexiona. Para él una posible solución sería la de pensar en los 200.000 pisos vacíos de todo el Archipiélago.
Fabricar nueva vivienda
“Se tienen”, dice, “que plantear políticas que no se han aplicado antes y buscar los mecanismos legales también para poder hacerlas”. “¿Es necesario estar fabricando nueva vivienda o tenemos que articular nuevas soluciones para varios problemas que tenemos en juego?”, se pregunta. Bajo su punto de vista, es clave intentar el mayor porcentaje de suelo posible.
La vivienda asequible incentivada es otro asunto que merece la pena resaltar. Se trata de una herramienta que busca sacar a flote a las clases media-bajas que, incluso con dos salarios en una misma unidad familiar, son víctimas por igual de la crisis habitacional. Permitirá alquileres asequibles a quienes no superen los 3.000 euros de ingresos mensuales.
"Una vivienda digna"
El investigador de la ULL opina que la solución pasa por ofrecer alquiler social antes que ofertar viviendas en propiedad. “Esa es una de las vías que yo creo que pueden garantizar y blindar el problema de la vivienda durante muchas décadas”, afirma. Cree que garantizarlo en manos de de lo público incluso de por vida” es una garantía de que exista un colchón para las subidas de precio, se ha demostrado en el caso de Viena”.
“Tenemos que garantizar que la promoción de vivienda sea pública en el momento en el que se hace y también se garantice que queden manos públicas para el futuro. No tenemos que ser propietarios, eso es una ilusión que nos crearon. Todos y todas debemos tener un techo y una vivienda digna donde vivir”, prosigue.
"Es valiente"
Una de sus mayores preocupaciones es que si las casas se ofertan en manos privadas con el tiempo cabe la posibilidad de que se reincorporen a un mercado “que puede convertirse en especulativo”. Volviendo a la vivienda asequible incentivada, lo llamativo es que a pesar de estar recogida en una ley estatal, ninguna comunidad autónoma se había atrevido hasta el momento a planteársela.
“Es valiente. Por lo menos parece que hay en juego varias varias actitudes provivienda. Hay que darle reconocimiento cuando se hacen las cosas bien o cuando se apuesta por soluciones que pueden aminorar el problema de la vivienda. Por otro lado, da cuenta también de lo grave que es la situación”, reflexiona el profesor de Geografía e Historia en la ULL.
Investigación
El tema toca de cerca al experto porque junto a otros 30 investigadores —entre ellos Juan Manuel Parreño, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria—, Armas es el autor del libro La vivienda en Canarias. Situación, perspectivas y propuestas, una obra donde se reflexiona en profundidad sobre alternativas que permitan contribuir a un debate constructivo.
La juventud es uno de los sectores más vulnerables ante el problema de la vivienda. Entre las medidas impulsadas está la Hipoteca Joven Canaria —que pretende ser una realidad este 2025— y el Bono Alquiler Joven —con un tiempo ya de recorrido—. En cuanto a este último, Armas cree que lo importante está en poner un tope en función del lugar donde se encuentra una vivienda y sus características.
Observatorio Canario de la Vivienda
La Consejería de Pablo Rodríguez ha puesto sobre la mesa 200.000 euros con el objetivo de crear el Observatorio Canario de la Vivienda. Armas considera acertado que exista un organismo que se dedique a hacer análisis sobre la vivienda porque así se concentra toda la problemática —desde el alquiler hasta los pisos turísticos—.
“Que se tengan los datos centralizados para poder intervenir, dar soluciones”, afirma. “Yo por ahí encantado y de hecho, si se crea, espero que las universidades tengamos algo de voz ahí dentro porque nos podríamos involucrar también un poco más en la política pública”, agrega.
Medidas urgentes
A la hora de hablar acerca del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado a principios del año pasado en Canarias, el investigador de la ULL pone sobre la mesa que surge un dilema en cuanto a las cesiones de suelo al tratarse de un territorio “tremendamente frágil, fragmentado y densificado”.
“No podemos construir más porque estamos condenando un recurso básico y además las presiones sobre los espacios naturales es cada vez mayor. Yo no estoy en contra de la renovación siempre y cuando sea controlada”, sentencia.