Juan Manuel Parreño es catedrático en Geografía Humana en La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Entre sus líneas de investigación, además del turismo y la segregación urbana, está la vivienda. Ha concedido una entrevista a Atlántico Hoy en la que analiza las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para aumentar el parque público de casas y poner freno a la crisis habitacional.
El también presidente del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación Española de Geografía ofrece su visión acerca de un problema que azota al Archipiélago de un extremo a otro y sobre los planes que ha desarrollado el Ejecutivo desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad —área encabezada por Pablo Rodríguez—.
Junto a otros 30 investigadores —entre ellos Alejandro Armas, de la Universidad de La Laguna (ULL)—, Parreño es el autor del libro La vivienda en Canarias. Situación, perspectivas y propuestas, una obra donde se reflexiona en profundidad sobre alternativas que permitan contribuir a un debate constructivo.
[Pregunta] Parece que Canarias empieza a apostar por un parque público de vivienda después de varias décadas. Por el momento han impulsado más de 1.000 nuevas casas —proyectan otro millar— y han entregado 42 en Gran Canaria. ¿Cómo lo analiza?
[Respuesta] Parece que es un cambio de tendencia, pero eso ya estaba previsto en el Plan Canario de Vivienda 2020-2025 para impulsar un poco la construcción de viviendas públicas y asequibles. Prácticamente aún no tenemos stock de vivienda pública, estamos en torno al 1%. Uno de los más bajos de España.
¿Qué balance hace?
Es una medida, intuyo, insuficiente, aunque habría que estudiarlo, porque la vivienda pública es cara y su materialización es lenta teniendo en cuenta la gravedad del problema habitacional que estamos viviendo ahora en Canarias.
¿Cuál es para usted la solución de cara a que la apuesta sea suficiente?
Una apuesta suficiente es complicada porque la envergadura del problema habitacional que hemos creado es muy grande. En gran medida las administraciones han mirado hacia otro lado y han dejado crear este macroproblema que tenemos ahora
¿Por dónde hay que empezar?
Hay que combinar diferentes medidas. En la parte de vivienda vacía todavía hay cancha para avanzar. Hay que hacer un estudio de vivienda vacía serio que no ha sido realizado e intentar que esas viviendas puedan convertirse en asequibles o ser adquiridas como inmuebles públicos. No hay que pensar solo en nuevas promociones, pueden ser casas transformadas con fines sociales.
A nadie se le escapa que Canarias es una víctima más de la crisis habitacional. Afecta a casi todas las clases sociales, desde las personas más vulnerables hasta las familias con dos salarios. Entre las medidas que impulsa el Gobierno autonómico está la vivienda asequible incentivada para ayudar a esas clases medias. ¿Cómo lo valora?
Es muy positivo. Estaríamos hablando de clase media-baja. La vivienda asequible, por los topes, no está dirigida a una clase media bien asentada, sino a una con dificultades. Y sobre todo la que no tiene resuelto el acceso a la vivienda. Es una medida correcta. Puede ayudar a que determinadas personas puedan alquilar o incluso comprar una vivienda a un precio razonable. Va a beneficiar a los nuevos hogares, en especial a los jóvenes y a aquellas familias con menores recursos.
Es un instrumento que está recogido por la Ley de Vivienda Estatal, pero hasta el momento ninguna otra comunidad ha decidido apostar por él. ¿Cree que el Archipiélago puede sentar un precedente?
Sí, claro. Por lo que yo he leído parece que hay una apuesta generalizada con una fórmula que a mí me parece muy correcta y que puede solucionar parte del problema. Cualquier avance que se realiza en una comunidad autónoma, en este caso Canarias, tiene un carácter demostrativo. Si funciona va a ser copiado. Me resulta muy positivo que en el Archipiélago, parece, estén apostando ya por esta fórmula.
El decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó Canarias el año pasado tienen protagonismo la habilitación y la cesión de suelo. ¿Hizo bien el Gobierno? ¿Hay espacio en las Islas para construir que no se estaba aprovechando?
Creo recordar que lo que decía el decreto era que suelos de carácter dotacional podrían transformarse y convertirse en residenciales para vivienda protegida, incentivada. En definitiva, todas las fórmulas que tienen una protección pública de alguna manera. Me parece bien, en determinadas zonas a lo mejor puede haber un exceso de suelo para dotaciones y puede convertirse para usos residenciales, que ahora es una auténtica emergencia.
¿Cuáles deben ser los pasos a seguir?
Sin la colaboración de los ayuntamientos que impulsen las modificaciones oportunas en sus planes urbanísticos no se va a poder realizar. Es verdad que el decreto es muy reciente, pero todavía no he visto resultados prácticos. A priori parece una buena medida.
Uno de los temas que se aborda con mayor frecuencia es el de aumentar la financiación porque en esta vida sin dinero poco se puede hacer. Canarias ha incrementado el presupuesto del Insituto Canario de la Vivienda (ICAVI) hasta los 171.863.685 euros y para VISOCAN ha destinado este año 18 millones y así adquirir 120 casas más. ¿Lo considera suficiente?
Si estamos hablando de más de 170 millones de euros, desde luego es un incremento importante y que se va a materializar en un número significativo de viviendas. Ahora bien, ¿es suficiente? Dada la gravedad del problema, la solución no está solamente en construir vivienda, que es algo costoso, sino también en intentar generar vivienda protegida a partir de la que está usada.
El incremento, para ser exactos, ha sido del 11,15%.
Es una medida muy oportuna porque el plan canario se aprueba para el año 2020. La situación habitacional se ha agravado en este lustro y me parece una medida positiva que hayan tomado conciencia de la gravedad del problema.
En el libro La vivienda en Canarias. Situación, perspectivas y propuestas habla de la influencia en el mercado canario de la compra de viviendas por parte de extranjeros —personas, por lo general, con más poder adquisitivo a las que se acusa de especular—. El Gobierno quiere limitarlo, pero mientras, ¿estas políticas pueden ser un muro de contención?
La compra de vivienda por parte de extranjeros en el mercado libre, en el contexto de la Unión Europea, aunque no soy doctor en derecho, tengo entendido que se trata de una cuestión que no es constitucional. Que va en contra de las libertades básicas de la UE. Veo complicado que se vaya a producir. Otra cosa serían los extranjeros de fuera de la Unión Europea. Ahí sí es posible, lo han hecho Dinamarca y Canadá.
¿Y mientras se busca la fórmula para intentar hacerlo?
Lo que mencionabas me parece interesante. El potenciar un stock de vivienda con precio controlado, que puede ser vivienda pública o protegida, sí es una medida de contención de los precios. Por ejemplo, en Holanda, que es un país referente en esto, prácticamente el 35% de su stock es vivienda en alquiler social.
Ante una situación en la que los arrendamientos a corto plazo han seguido una tendencia creciente en las Islas, ¿levantar más viviendas de alquiler asequible puede ser una forma de llamar la atención de los promotores privados?
Sí, posiblemente, pero date cuenta que construir es caro en general. El suelo es caro y los plazos son lentos. Una de las líneas del Decreto de Medidas Urgentes aprobado el año pasado era precisamente agilizar las licencias y todo el procedimiento de construcción. El promotor privado no es la fórmula más rentable para la construcción de viviendas asequibles. Yo intuyo que ahí sin la participación pública directa la fórmula tendría un éxito relativo.
En definitiva, que es necesario el empuje y la apuesta firme de la administración.
Exacto. Otra cosa es que el promotor ejerza un rol de constructor, que eso sí se puede acomodar. Pero la promoción privada en renta libre sigue siendo más interesante porque hay un mercado amplio, muy internacionalizado.
La juventud es uno de los sectores más sensibles al problema de la vivienda por las dificultades a la hora de emanciparse. ¿El Gobierno regional le está dando la atención adecuada? Una de las propuestas que pretenden poner en marcha este 2025 es la Hipoteca Joven Canaria para que puedan financiar hasta el 95% del valor de la casa con el aval del Ejecutivo.
La hipoteca joven es una buena medida porque uno de los grandes problemas que tienen los nuevos hogares es conseguir el ahorro suficiente para poder comprar la vivienda. Es verdad que cuando recurres a financiación ajena, que es lo habitual, como mucha te llegan al 80%. Hay un 20% ahí más impuestos que tienes que cubrir con fondos propios.
La situación es complicada.
Es difícil ahorrar para una persona que se quiere emancipar cuando al mismo tiempo, por ejemplo, está pagando un alquiler. Llega un momento en el que no le da el dinero. Veremos cuando se materialice y la repercusión legal que tiene, porque yo sospecho que gran parte de la población joven vive una situación mucho más drástica que no se soluciona con la hipoteca joven.
¿A qué se refiere?
Hay un desfase entre las rentas que reciben los jóvenes y cómo ha evolucionado el precio de la vivienda que gran parte de ellos han quedado fuera del mercado.
¿Qué me dice del Bono Alquiler Joven?
Es una medida que tiene ya recorrido. La crítica que se le suele hacer es que estimula el crecimiento de los precios. Al final quien alquila, de alguna manera, absorbe esa ayuda en el propio precio. El camino es que los jóvenes puedan acceder a viviendas con precios limitados y viviendas incentivadas que les permita pagar una cantidad de dinero que esté en torno al 30% de sus recursos.
Entre las partidas que se han puesto sobre la mesa hay 200.000 euros que servirán para crear el Observatorio Canario de la Vivienda. ¿Qué importancia tienen herramientas así?
Lo que hay que fiscalizar realmente es el resultado. Ir viendo si se van cumpliendo los objetivos, si es necesario incrementar partidas o si es necesario buscar nuevas fórmulas. No sé si la solución es crear otro órgano y tampoco 200.000 euros me parece una cantidad demasiado espléndida. A lo mejor se debe incluir en las instituciones que tenemos a nivel regional un departamento que se centre más en la fiscalización y en la creación de nuevas líneas políticas en función de cómo va evolucionando el mercado.
A modo de conclusión, ¿cómo se puede conjugar la apuesta por la vivienda pública ante el auge de los pisos turísticos y la inversión de los extranjeros?
Es complicado, me estás pidiendo que te dé la receta de lo que no han conseguido solucionar las distintas administraciones [ríe]. Una de las medidas más o menos aceptada, veremos en qué queda, es el controlar el número de viviendas vacacionales. Hacerlo es necesario, pero yo creo que la mejor política consiste en que un stock viviendístico en Canarias esté reservado para familias con recursos limitados.
¿Cuál es la clave?
Tenemos que ser creativos. Hay muy poco dinero en el plan canario de vivienda y a lo mejor en el próximo se lo podrían plantear para intentar estimular la vivienda colaborativa. Se trata de buscar nuevas fórmulas que permitan que en función de la situación de cada hogar o de cada persona se pueda acceder a una vivienda digna y asequible.