Las acusaciones personadas en el denominado 'caso Fundescan', el presunto fraude en el uso de subvenciones para fomentar el empleo por parte de una fundación vinculada a UGT, han rebajado la petición de penas este martes en el inicio del juicio, retirando los cargos a una de las imputadas.
Durante las cuestiones previas del macrojuicio en la Audiencia de Las Palmas, el fiscal Ricardo de Mosteyrín se adhirió a la acusación del Gobierno de Canarias, reduciendo la petición por delitos contra la Hacienda Pública en subvenciones de cuatro a dos años y medio de prisión.
Se han retirado cargos a Dulce María Q.C., y para nueve procesados se renunció a alguno de los delitos imputados. Las penas solicitadas oscilan ahora entre uno y dieciséis años de cárcel.
Delitos imputados
A Alicia R.B. (expresidenta de Fundescan) y Manuela F.H. (exsecretaria), se les mantiene el delito continuado de estafa y tres de los cuatro delitos por defraudación. A Miguel P.G. se le mantiene solo el de estafa, y a Jesús T.L. se le retira el fraude, quedando solo el de estafa.
Juan Raúl N.H. y Antonio M.G. enfrentan cinco años de prisión por dos delitos fiscales. Carmen D.C., José Y.G. y Carmen Guadalupe P.G. son acusados de delito contra la Hacienda Pública por hechos de 2009.
José Lorenzo L.N., Andrés P.R., José Antonio M.S. y Carlos Alberto U.B. mantienen sus imputaciones, aunque se les ha reducido la petición de penas.
Responsabilidad civil y papel de UGT
También está imputado como responsable civil el sindicato UGT, al que pertenecía Fundescan. El Gobierno canario reclama 1.090.122 euros en indemnización, y los trabajadores afectados también reclaman pagos por los perjuicios sufridos.
Varias defensas han criticado la adhesión de la Fiscalía a la acusación del Gobierno canario, alegando indefensión y vulneración del artículo 24.2 de la Constitución por el cambio en la estrategia acusatoria. También cuestionan la legitimidad de las acusaciones particulares ejercidas por los trabajadores.
Los abogados de los trabajadores sostienen que el presunto desvío de las subvenciones para formación les impidió cobrar sus nóminas y contratos. Las defensas alegan además que algunos hechos han prescrito, conforme al auto del juez instructor.
Decisiones judiciales
El tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya resolvió que no hay indefensión por el cambio del Ministerio Público. Sobre la legitimación de los trabajadores como acusación particular, se decidirá en la sentencia.
El juicio continuará el miércoles 9 de abril con la declaración de los primeros testigos. Las declaraciones de los acusados se han pospuesto hasta el final de la vista.