La batalla por la regulación de la vivienda vacacional en Canarias suma un nuevo capítulo. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha acusado este martes a la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico de “faltar a la verdad” al presentar como un aval judicial a la ley de vivienda vacacional una sentencia que, según la organización, no entra a valorar ni el proceso de consulta pública ni el contenido de la norma.
La reacción de ASCAV llega después de que el Ejecutivo canario difundiera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había respaldado la actuación del Gobierno durante la tramitación de la consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
Sin embargo, la asociación asegura que la resolución judicial “no avala la consulta pública”, “no descarta irregularidades” y tampoco se pronuncia sobre si el procedimiento se desarrolló correctamente o no.
“No era el objeto del proceso”
Según explica ASCAV, el origen del litigio se remonta a diciembre de 2023, cuando la asociación solicitó acceso a la información y a las aportaciones ciudadanas registradas durante la consulta pública de la futura ley de vivienda vacacional, amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.
La Consejería de Turismo denegó inicialmente ese acceso mediante una resolución fechada el 15 de diciembre de 2023, lo que llevó a la organización a acudir a los tribunales.
ASCAV sostiene que durante el procedimiento judicial el propio Gobierno canario terminó entregando voluntariamente la documentación reclamada, por lo que el TSJC declaró lo que jurídicamente se conoce como una “carencia sobrevenida del objeto”.
Es decir, según defiende la asociación, el tribunal no estimó ni desestimó el fondo de la demanda porque la información solicitada ya había sido facilitada durante el proceso.
“La sentencia no se pronuncia sobre si el proceso de consulta pública fue correcto o no”, insiste ASCAV, que recalca que el objeto del procedimiento judicial era únicamente acceder a los datos de la consulta pública y no fiscalizar la legalidad de su desarrollo.
Críticas a Turismo
La asociación considera “rotundamente incierto” que el Gobierno canario haya trasladado públicamente que la Justicia avaló el proceso de consulta pública o descartó irregularidades en la tramitación de la ley.
ASCAV sostiene además que algunos de los argumentos recogidos en la sentencia corresponden simplemente a las manifestaciones realizadas por la defensa de la Consejería durante el proceso y no a conclusiones jurídicas del tribunal.
Por ello, acusa al departamento dirigido por Jéssica de León de hacer un “uso torticero” de la resolución judicial y de difundir interpretaciones “que se apartan claramente de la propia letra de la sentencia”.
Un conflicto aún abierto
La ley canaria de vivienda vacacional, aprobada por el Parlamento regional en noviembre de 2025 y en vigor desde diciembre de ese mismo año, continúa generando una fuerte confrontación política, económica y social en las Islas.
El debate enfrenta a administraciones públicas, colectivos vecinales, plataformas ciudadanas y parte del sector turístico y de propietarios, en un contexto marcado por la presión sobre el mercado residencial y el peso creciente del alquiler vacacional en Canarias.