La Justicia ha respaldado la actuación del Gobierno de Canarias durante la tramitación de la consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una de las normas más relevantes de la legislatura en materia turística y residencial.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el pasado 6 de mayo de 2026, da por finalizado el recurso presentado contra el procedimiento participativo que precedió a la aprobación de la ley.
La normativa, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de diciembre del mismo año, había estado rodeada de una fuerte controversia política, económica y social, especialmente por el impacto de la regulación sobre el mercado de la vivienda vacacional y el equilibrio entre el turismo y el acceso a la vivienda en las Islas.
Sin incongruencias
Según trasladó este lunes la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jéssica de León, el tribunal concluye que durante la tramitación “se facilitó toda la información solicitada”, incluidas más de 5.000 aportaciones ciudadanas recogidas durante el proceso participativo.
La resolución judicial sostiene además que no se aprecian incongruencias ni inexactitudes en el desarrollo de la consulta pública previa y que el procedimiento se llevó a cabo “con normalidad y con todas las garantías”, descartando la existencia de irregularidades administrativas.
No habrá una segunda consulta
Uno de los puntos centrales del recurso era precisamente la petición de repetir el proceso mediante una segunda consulta pública. Sin embargo, la sentencia considera que ese nuevo trámite no era necesario al entender que el procedimiento inicial se desarrolló correctamente y respetó los principios de participación y acceso a la información.
Desde el Ejecutivo autonómico interpretan el fallo como un espaldarazo a la estrategia seguida por el departamento de Turismo durante la elaboración de la ley, una regulación que marcó un punto de inflexión en el debate sobre el modelo turístico y residencial del Archipiélago.
Transparencia y participación
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró tras conocerse la sentencia que el pronunciamiento judicial “respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico”.
La decisión del TSJC llega en un momento en el que la regulación de la vivienda vacacional en Canarias continúa siendo uno de los grandes focos de tensión económica y política en las Islas, con posiciones enfrentadas entre parte del sector turístico, propietarios, plataformas ciudadanas y administraciones públicas.