La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera contrario a la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado que los ayuntamientos de Canarias exijan a los propietarios de viviendas vacacionales una comunicación previa de actividad clasificada adicional a la declaración responsable de inicio de actividad presentada ante el Gobierno de Canarias.
Así lo recoge el informe UM/045/26 VUT CANARIAS, elaborado a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ante la Secretaría de Estado para la Unidad de Mercado el 9 de julio de 2024.
Un requisito cuestionado
Según ASCAV, la CNMC concluye que la exigencia municipal supone un obstáculo relacionado con la aplicación de la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado, al vulnerar el principio de simplificación de cargas recogido en el artículo 7 de dicha norma.
La asociación considera que este pronunciamiento afecta directamente a los ayuntamientos que actualmente están reclamando a los propietarios de viviendas vacacionales que aporten la comunicación previa de actividad clasificada.
ASCAV sostiene que la exigencia de este trámite ha sido desde el inicio uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad de las viviendas vacacionales tras la aprobación de la nueva normativa autonómica.
Un año para solicitar la actividad
La asociación también recuerda que la reciente reforma de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (LOSUTV), incluida en la Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas aprobada el pasado 23 de julio, establece un plazo de un año para solicitar la actividad clasificada.
Esta modificación todavía está pendiente de publicación oficial, según ASCAV.
La organización considera que esta situación genera actualmente inseguridad jurídica para propietarios, ayuntamientos y cabildos, especialmente porque el nuevo pronunciamiento de la CNMC cuestiona la exigencia de este trámite como requisito adicional.
ASCAV niega que sean actividades ilegales
ASCAV sostiene que los propietarios que todavía no hayan solicitado la actividad clasificada no están ejerciendo la actividad ilegalmente, al entender que cuentan con un título habilitante: la declaración responsable de inicio de actividad de vivienda vacacional presentada ante el Gobierno de Canarias.
La asociación considera que son los ayuntamientos los que están reclamando un requisito que, a su juicio, resulta contrario a la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado.
En este contexto, ASCAV reclama que las administraciones locales tengan en cuenta las conclusiones de la CNMC mientras se concreta el marco normativo definitivo para las viviendas vacacionales en Canarias.
Critica los efectos de la nueva ley
La asociación también cuestiona los resultados de la Ley 6/2025 y los argumentos utilizados para justificar su aprobación.
Según sus datos, desde la entrada en vigor de la normativa se ha producido una reducción de 10.000 viviendas vacacionales publicadas, pero ASCAV afirma que este descenso no se ha traducido en un incremento del parque de viviendas residenciales destinadas al alquiler.
La organización asegura además que tampoco se han reducido los precios del alquiler ni se ha solucionado la falta de vivienda existente en Canarias.
Por último, ASCAV recuerda que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció en el Parlamento que en septiembre comenzará a negociarse un decreto ley destinado, entre otros objetivos, a aclarar la exigencia de actividad clasificada para las viviendas vacacionales.
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