La vivienda vacacional busca reforzar su posición ante el aumento de las restricciones regulatorias y el debate sobre su posible impacto en el acceso a la vivienda. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha participado en un encuentro en Barcelona con representantes del sector de distintas comunidades autónomas para coordinar estrategias y defender la seguridad jurídica de una actividad que considera esencial para diversificar la oferta turística.
La reunión, organizada por la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), ha congregado a asociaciones de Canarias, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Los participantes han compartido sus experiencias y analizado los principales desafíos de la actividad, con especial atención a la evolución de la normativa y a las medidas que afectan a las viviendas de uso turístico.
Las entidades han coincidido en reclamar a las administraciones públicas que abandonen la estigmatización de esta modalidad de alojamiento y que cualquier limitación responda a criterios de proporcionalidad, esté respaldada por evidencias contrastables y garantice la seguridad jurídica de los propietarios y operadores que cumplen la normativa.
Rechazo a las restricciones generalizadas
Las asociaciones sostienen que las viviendas vacacionales contribuyen a diversificar la oferta turística y responden a las necesidades de numerosos visitantes, especialmente de quienes viajan en familia. Por ello, defienden que las regulaciones deben tener en cuenta las particularidades de cada territorio y evitar medidas generalistas que no contemplen las diferencias entre destinos.
En el contexto de la crisis habitacional, el sector considera contradictorio que las administraciones que regularon esta modalidad de alojamiento cuestionen ahora su continuidad sin aportar, a su juicio, evidencias suficientes que acrediten su impacto directo sobre el acceso a la vivienda.
Las entidades aseguran que las políticas públicas deben centrarse en las causas estructurales de la escasez residencial y no concentrar sus esfuerzos en limitar una actividad concreta. Al mismo tiempo, han expresado su solidaridad con las personas afectadas por las dificultades para acceder a una vivienda asequible.
Críticas a la propuesta legislativa europea
Uno de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido la orientación de la política europea sobre vivienda y alquileres de corta duración. Las asociaciones han advertido del riesgo de que las futuras medidas comunitarias otorguen un protagonismo excesivo a las restricciones sobre esta modalidad de alojamiento.
Los representantes del sector han recordado que el Parlamento Europeo aprobó en marzo una resolución, a partir de los trabajos de su Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda (HOUS), que sitúa el aumento de la oferta residencial, la construcción, la rehabilitación y la simplificación administrativa entre las prioridades para afrontar el problema.
A juicio de las asociaciones, la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea se aleja de ese enfoque al poner el acento en las posibles limitaciones a los alquileres de corta duración. Por ello, reclaman que la respuesta europea mantenga el equilibrio entre el desarrollo turístico y el acceso a la vivienda, sin desplazar la atención de las causas estructurales de la crisis.
Más vivienda y menos trabas burocráticas
Las entidades también plantean que las administraciones que decidan restringir los alquileres de corta duración deberían haber adoptado previamente medidas eficaces para mejorar la asequibilidad y aumentar el parque residencial.
Entre las actuaciones que consideran prioritarias figuran la reducción de las cargas burocráticas y fiscales, la puesta a disposición de suelo para construir vivienda pública y la introducción de incentivos para que los inmuebles cerrados puedan regresar al mercado residencial.
El sector defiende, además, la colaboración público-privada y el impulso de nueva vivienda como vías para ampliar la oferta disponible. Con el encuentro de Barcelona, ASCAV y las asociaciones participantes buscan reforzar la coordinación entre territorios ante los cambios normativos y trasladar una posición común en defensa de la actividad y de la seguridad jurídica.
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