La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (ASOCELPA) ha rechazado la propuesta de revisión extraordinaria de las tarifas máximas del servicio portuario de amarre y desamarre en el Puerto de Las Palmas y ha reclamado a la Autoridad Portuaria un nuevo cálculo ajustado a los costes reales del servicio.
La patronal considera que la subida planteada, que supondría un incremento del 30% en la tarifa de amarre, rompe la estabilidad tarifaria del recinto portuario y genera un sobrecoste que terminará afectando a la economía de las islas.
Impacto en la cesta de la compra
ASOCELPA pone el foco especialmente en las consecuencias que la medida puede tener sobre la cesta de la compra en Canarias, debido a la dependencia del archipiélago del transporte marítimo para el abastecimiento de productos.
La organización sostiene que cualquier incremento de los costes de los servicios portuarios se traslada a la cadena logística y, finalmente, al precio que pagan los consumidores por los productos.
En este sentido, la patronal considera que elevar un 30% la tarifa de amarre encarecerá la operativa de los buques que llegan a Canarias y que ese aumento acabará repercutiendo en los costes de distribución y en los precios finales.
Un beneficio del 14,88%
ASOCELPA cuestiona además la metodología empleada para justificar la subida. Según la patronal, el modelo utilizado parte de un nuevo dimensionamiento de los medios propuesto por el prestador del servicio, calcula una cuenta de explotación futura sobre costes declarados que, asegura, no han sido auditados y establece después las tarifas necesarias para garantizar un determinado margen empresarial.
La asociación considera que esta fórmula convierte la tarifa máxima en un mecanismo para garantizar la rentabilidad del prestador, en lugar de proteger a los usuarios frente a precios excesivos en un servicio regulado.
ASOCELPA considera especialmente difícil de justificar una subida destinada a garantizar un margen del 10% cuando la empresa prestadora, SEPCAN, declaró en 2025 un beneficio neto del 14,88% con las tarifas actualmente vigentes.
Un 72% más en gastos de personal
Otro de los puntos cuestionados por la patronal es el incremento previsto en los gastos de personal. La propuesta contempla elevar esta partida hasta 4,67 millones de euros, frente a los 2,71 millones contemplados en el pliego de 2021.
Esto supone, según los cálculos de ASOCELPA, un incremento del 71,99%.
La organización también cuestiona que el modelo financiero calcule la tarifa base ordinaria sobre 20 amarradores y siete vehículos, cuando la propuesta de modificación establece como medios mínimos 16 amarradores y cuatro vehículos.
ASOCELPA defiende que las tarifas deben calcularse sobre los costes obligatorios y eficientes para prestar el servicio, y no sobre una estructura superior a la mínima exigida.
Rechazo a consolidar el aumento
La patronal también considera que no está justificado incorporar de forma permanente a las tarifas los incrementos de tráfico registrados durante periodos excepcionales.
La Autoridad Portuaria fundamenta parte del redimensionamiento del servicio en el aumento del tráfico posterior a la pandemia y en las desviaciones extraordinarias provocadas por las crisis geopolíticas en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.
ASOCELPA sostiene que estos episodios tienen un carácter coyuntural y que no deben convertirse en costes estructurales incorporados a la tarifa ordinaria.
La asociación recuerda además que el resto de prestadores de servicios técnico-náuticos del Puerto de Las Palmas no han solicitado modificaciones de sus respectivos pliegos.
Críticas al mes de agosto
ASOCELPA cuestiona asimismo el momento elegido para tramitar la revisión tarifaria y considera "inoportuno" que la Autoridad Portuaria haya sacado a información pública un expediente de esta relevancia económica durante el mes de agosto.
A juicio de la patronal, la tramitación durante el periodo estival dificulta que la comunidad portuaria pueda analizar con suficiente profundidad una propuesta que considera carente de una justificación técnica y económica suficiente.
La asociación también denuncia que la reestructuración de los tramos de Arqueo Bruto (GT) acumulado anual prevista en el estudio económico penalizará a los armadores al obligarles a tributar por tablas tarifarias más elevadas.
Por último, ASOCELPA señala que ha solicitado acceso al expediente de tramitación sin haber recibido la Memoria Económica preceptiva de SEPCAN, documento que considera necesario conforme a la normativa sobre desindexación de la economía española y el Real Decreto 55/2017.
La patronal confía ahora en que la Autoridad Portuaria de Las Palmas reconsidere la propuesta y abra una vía de diálogo para establecer un sistema tarifario que, a su juicio, sea proporcional y transparente y que no termine trasladando nuevos costes a la cadena logística y a la cesta de la compra de los consumidores canarios.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.