Las fenómeno de las viviendas vacacionales vivió su momento de eclosión hace más de tres lustros y desde entonces no ha dejado de crecer alrededor del mundo, con especial incidencia en destinos turísticos como es el caso de Canarias.
Un sector que en la actualidad factura al año en el archipiélago más de 1.500 millones de euros, un crecimiento del 50% con respecto a lo que ingresaba hace ocho años. Fue entonces cuando el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió a regular esta nueva forma de entender el turismo que el Ejectuvo entendía que amenazaba a los hoteles y apartamentos tradicionales.
No obstante la justicia declaró nulo los preceptos más controvertidos del decreto impulsado por el Gobierno regional en 2015 y las viviendas vacacionales llevan desde entonces regidas por una ley, el Decreto 113/2015, que la FECAM (la Federación Canaria de Municipios) está trabajando por derogar a través de un nuevo decreto ley que regularice esta práctica, encontrándose con la oposición frontal de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV).
Pérdida del 95% de viviendas
Según la ASCAV el borrador del decreto con el que se está trabajando pretende la desaparición de las viviendas vacacionales. Hasta el 95% de las que hoy en día hay en las Islas, más de 40.000, privando de ingresos a 37.000 personas y llegando a afectar a 70.000.
Según el documento al que tuvo acceso Atlántico Hoy son varios los motivos para una regulación más estricta de las viviendas de uso turístico (VUT), como ahora las pretende denominar. Entre ellas, el derecho constitucional a una vivienda, puesto que como consecuencia de los usos turísticos suben los precios en determinadas zonas y hacen difícil el acceso a un piso por lo que argumenta que "los límites a la actividad deberán basarse en una razón imperiosa de interés general”.
Sin embargo, desde ASCAV se comentó que “todos los partidos, cabildos y ayuntamientos de Canarias disponen de un informe de más de 150 páginas elaborado por la ULPGC que desmonta esa mitificación”.
Problemas vecinales
Dicho borrador también contempla, y esto es de especial importancia, que las comunidades de vecinos deben emitir una autorización expresa para que pueda haber pisos turísticos en ellas.
Mientras que los edificios que dispongan de dicha autorización podrán comercializar su actividad, en los que no esté permitida o prohibida expresamente "el titular que pretenda llevar a cabo la actividad deberá solicitar un pronunciamiento expreso de la comunidad”.
Con todo, los cambios de estatutos de comunidades de vecinos requieren unanimidad, por lo que un único voto en contra imposibilitaría a un particular arrendar su vivienda para el uso turístico. No obstante la comunidad autónoma no tiene competencia para regular sobre las comunidades de vecinos, dado que son materia de legislación civil, exclusiva del Estado.
Prohibir ejercer la actividad
Por ello ASCAV viene denunciando desde hace meses que el borrador pretende la “desaparición” de las viviendas vacacionales y “concentrarlas en manos de fondos de inversión y grandes empresas gestoras” como informó este medio el pasado octubre.
Entiende que las condiciones que plantea el decreto son imposibles de cumplir para el ciudadano de a pie y además cercenan sus derechos, ya que en caso de pérdida del título habilitante por un "eventual incumplimiento", no sólo no se prevé la subsanación de errores sino que se prohíbe ejercer la actividad durante cinco años.
También estarían sujetos a esto quienes estuvieran incumpliendo el Decreto 113/2015 en el momento de adaptarse a la nueva norma. Por ello desde la asociación manifiestan que es "absolutamente desproporcionado y contrario a Derecho que si una vivienda vacacional pierde su inscripción en el Registro no pueda presentar una nueva solicitud solventando las incidencias de los extremos necesarios y sea expulsada por plazo de cinco años del sistema, lo que supone un auténtico destierro normativo”.
Desavenencias con los hoteleros
El presidente de los hoteleros españoles (CEHAT) y de los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, dijo recientemente en el foro turístico BTM que tuvo lugar en Lloret de Mar (Cataluña) que la turismofobia no remitiría en España mientras la oferta de viviendas vacacionales siguiera siendo "una jungla" debido a la pasividad de las administraciones públicas.
Para Marichal se está haciendo un "uso sin sentido común" de los edificios de viviendas, "mezclando agua y aceite", a personas que se levantan a las seis de la mañana para ir a trabajar con otras que llegan de fiesta a esa hora. Tampoco le ve sentido a que las administraciones delimiten los metros cuadrados que debe tener una habitación de hotel pero hayan consentido "por acción u omisión" que el vacacional se haya convertido "en una jungla".
Por ello, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, afeó al presidente de Ashotel el uso de una "palabra preocupante y extremadamente peligrosa" que "ha causado un daño irreparable, tanto en la percepción de la sociedad, como en la política". También aseguró que "la saturación de turistas no la causan los propietarios particulares de viviendas vacacionales".
Afirma que "la mayoría de las ofertas del mercado proceden de empresas e inversores con grandes carteras y que está expulsando del mercado a los anfitriones particulares" por lo que "no se trata de vivienda vacacional sí o no, sino de todo para mí”.
Análisis y aportaciones
Por su parte la FECAM explicó en un comunicado remitido a los medios hace dos meses que el texto se ha trasladado a los ayuntamientos para su análisis y aportaciones y, una vez se hayan realizado, se abrirá un proceso de diálogo con los implicados, es decir, con ASCAV y Ashotel.
"Lo que ha hecho la FECAM es iniciar un proceso participativo con sus asociados, como es habitual en la gestión de la federación, y en respuesta a la necesidad detectada en el ámbito municipal derivada de la problemática existente en esta materia, la cual se va agudizando con el paso del tiempo", sentenció el comunicado.
Con los números en la mano ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 50 de los 88 municipios canarios han experimentado subidas en la proporción de vivienda turística en los dos últimos años, haciendo del Archipiélago la segunda comunidad con mayor porcentaje de ese tipo de pisos sobre el total de viviendas.