El Ministerio de Hacienda ha puesto en pie de guerra a los autónomos de toda España. La cartera que dirige María Jesús Montero ha anunciado que vigilará más de cerca los cobros por Bizum que reciban los empresarios y la medida no ha gustado a muchos trabajadores por cuenta propia porque lo ven como una medida de control innecesaria por parte del Estado.
“La medida es lamentable”. Así de contundente se expresa Elliot Martín, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias. “Resulta muy triste que la Agencia Tributaria, en lugar de facilitar las cosas, amedrenta a los pequeños negocios, pedimos que nos dejen tranquilos y no nos amenacen, el fraude no está ahí”, añade.
"Como presuntos criminales"
La propuesta de Hacienda incluye una ampliación de las entidades que estarán obligadas a suministrar información a Hacienda sobre las cuentas o pagos de sus clientes, que ya no se limitará a las entidades financieras sino que abarcará también a las de pago y las de dinero electrónico que operen en el país. Además, las obligaciones serán mensuales.
El secretario general de ATA en el Archipiélago reclama a Hacienda que no trate a los autónomos “como presuntos criminales”. “Si quieren saber dónde está el fraude que se vayan a los anuncios que hay de en las farolas o en los buzones donde se ofrecen servicios y se trabaja al margen de la legalidad porque no están dados de alta”, apostilla.
Economía sumergida
Martín solicita que se ponga el foco en la economía sumergida que ponen en práctica quienes esquivan el pago de impuestos o cotizaciones. Merece la pena resaltar que la información a aportar incluirá un conjunto más amplio de productos financieros. Todo tipo de cuentas, tanto bancarias como no bancarias o de ahorro, de pago o imposiciones a plazo, entre otras.
Volviendo a su reivindicación, el secretario general de ATA en las Islas cuenta que a nivel nacional existen varios estudios llevados a cabo donde se concluye que el fraude está en las actividades económicas sin estar dados de alta como quienes ofrecen obras, servicios de peluquería o manicura —por ejemplo—.
Tarjetas
“Es ahí donde está el fraude y queremos que se nos deje tranquilo a los autónomos de bien, a los que pagamos nuestras cotizaciones, a los que ejercemos nuestra actividad de manera legal y con todas las normativas cumplidas”, insiste.
En cuanto a la medida de Hacienda contendrá también una nueva obligación anual de información para las tarjetas con un volumen anual de operaciones superior a 25.000 euros -ya sean de profesionales o de particulares-, que tendrá que incluir datos del total anual de abonos, cargos, recargas, retiradas de efectivos y gastos en establecimientos.