La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha autorizado a 44 embarcaciones para la práctica de pesca recreativa desde embarcación en la reserva marina de interés pesquero de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote en 2025.
El listado definitivo fue publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En el documento se ha marcado también la fecha para el sorteo público, que tendrá lugar el 26 de diciembre a las 11:00 horas en las dependencias de la Dirección General de Pesca en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de asignar el orden de las correspondientes autorizaciones, que este año han llegado al máximo cupo, a pesar de que algunas solicitudes han sido excluidas.
Sorteo de las autorizaciones
La Consejería regional de Agricultura, Ganadería y Pesca ha procedido a la aprobación de solicitudes. Se han definido las listas definitivas de embarcaciones autorizadas, diferenciadas entre las Listas Séptima, compuesta por 34 barcos, y Sexta, con 10 embarcaciones, del registro de matrículas. En el proceso, se excluyeron aquellas solicitudes que no cumplieron con los requisitos documentales establecidos.
Ante la alta demanda y el cupo máximo establecido, el próximo 26 de diciembre de 2024, se llevará a cabo un sorteo público en las oficinas de la Dirección General de Pesca en Las Palmas de Gran Canaria. Este sorteo determinará el orden de asignación de autorizaciones para las embarcaciones inscritas en la Lista Séptima.
Los interesados que deseen impugnar la resolución pueden presentar un recurso de alzada ante la Viceconsejería de Sector Primario en el plazo de un mes a partir de la publicación oficial.
Cupo de embarcaciones
La reserva marina de interés pesquero de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote fue creada para proteger la biodiversidad marina y garantizar la sostenibilidad de los recursos en la región. Por ello, la regulación de la pesca recreativa busca equilibrar el uso recreativo con la conservación ambiental.
El cupo de embarcaciones permitido en la reserva es limitado, con un máximo de 30 unidades diarias entre mayo y octubre, y 15 entre noviembre y abril. Estas restricciones tienen como objetivo reducir el impacto sobre los ecosistemas marinos y permitir la regeneración de los recursos.
Cumplir las normas
La Dirección General de Pesca recuerda que los titulares de las autorizaciones deberán cumplir estrictamente con las normas establecidas, que incluyen la presentación de declaraciones responsables mensuales y la colaboración activa con el servicio de vigilancia, es decir, avisar sobre la entrada y salida de la reserva marina en las condiciones establecidas, entre otras cosas.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revocación de las autorizaciones y la imposibilidad de participar en futuros procesos de asignación.
Falta de vigilancia
A pesar de la entrega de autorizaciones, la reserva marina del Archipiélago Chinijo vive cierto descontrol de vigilancia al no renovarse el contrato de guardapesca, lo que ha llevado a alertar del auge de la pesca furtiva en la zona.
En marzo de 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió no renovar el contrato de vigilancia y guardapesca que mantenía con la empresa catalana Escurçó en la Reserva Marina de La Graciosa y los Islotes del Norte, la más grande de España. Escurçó, que llevaba dos años operando bajo contrato con opción a prórroga, fue sustituida por Tragsa, encargada de la gestión logística de la reserva, aunque esta no realiza tareas de vigilancia directa.
La ausencia de un sistema efectivo de control ha generado un aumento significativo de la pesca furtiva y otras actividades ilegales. Esta falta de vigilancia amenaza con erosionar la biodiversidad y la sostenibilidad de este enclave protegido.
El conflicto entre Escurçó y el Ministerio, que derivó en una impugnación legal por parte de la empresa, incluye acusaciones de intrusismo y falta de transparencia en el proceso de rescisión del contrato. Por su parte, Tragsa asegura que no existen pruebas de los supuestos vínculos entre sus trabajadores y pescadores furtivos y defiende la profesionalidad de su personal.
Mientras tanto, la Guardia Civil, con escasos recursos y sin competencias directas en la reserva, tiene dificultades para abordar las infracciones detectadas. Este vacío en la vigilancia ha reavivado el debate sobre la gestión y protección de la reserva, crucial para preservar la riqueza de este ecosistema marino único.