“Si hay alguna serie de irregularidades, se van a solucionar”. Así de tajante se expresa Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas —en una entrevista concedida a Atlántico Hoy—, sobre la auditoría que señala su contratación en 2025 por no ajustarse al marco normativo vigente en ese momento.

El texto, elaborado por Puertos del Estado, detectó importantes deficiencias en la gestión llevada a cabo por la Fundación en el ámbito económico, contractual y de recursos humanos. Además, apuntó a unas pérdidas acumuladas que superan los 250.000 euros en solo dos años.

Liquidar

Pero la cosa no queda ahí: tanto la Intervención General de la Administración del Estado como el Interventor Regional de Canarias indicaron que la mejor solución para la Fundación Puertos de Las Palmas es liquidar y disolver la entidad —en lugar de transformarla—.

El origen de la auditoría está en hacer un seguimiento a una orden ministerial del año 2013 —con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno— que obligaba a transformar la Fundación en una entidad privada. En esencia, querían conocer cómo había avanzado todo.

Transparencia

Como nada había cambiado nada, se indicó que lo mejor es liquidar. Morales apunta que ella asumió la gerencia hace algo más de un año y, al llegar, se encontró con esta situación. En cuanto a la orden ministerial, subraya que en el caso de la Fundación Puertos de Las Palmas ha habido “una serie de discrepancias” que han paralizado “un poco” el cambio.

“Lo que sí hay que dejar claro es que desde que se asume la nueva gerencia se ha trabajado con transparencia, con colaboración, con Puertos del Estado para solventar esta situación y se han hecho diferentes escritos y preguntas para seguir caminando. Así se ha hecho y así se ha recogido en ese informe de auditoría: se han ido dando pasos para solucionarlo”, explica.

Convocatoria pública

Pone sobre la mesa que la próxima semana tendrán otra reunión para seguir avanzando y gestionando de la mejor manera posible. “Como se ha hecho”, afirma, “desde que se llegó a esta nueva etapa de la Fundación”. Preguntada sobre si le preocupa que su contratación haya sido ilegal, indica que “si hay alguna serie de irregularidades se van a solucionar”.

Lo que ocurrió a la hora de contratarla como gerente, según la propia auditoría, es que la Fundación omitió el procedimiento de convocatoria pública obligatoria y no dispuso de las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Hacienda ni de la Abogacía del Estado para validar el contrato de alta dirección.

Plan de actuación

Morales remarca que seguirán buscando las vías para gestionar y cumplir con la ley —de la mano de Puertos del Estado—. “Hemos presentado un plan de actuación de esa auditoría, donde todo lo que nos iban marcando se ha ido solucionando”, afirma.

Dentro de la auditoría cobran protagonismo los contratos menores y patrocinios de 2025. Entre las anomalías se destaca el posible fraccionamiento indebido de contratos para esquivar los límites legales, presupuestos sin fecha o facturas emitidas antes de formalizar la terminación de los acuerdos.

Orden ministerial

Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), expresa que “la Fundación Puerto de Las Palmas está sometida a una orden ministerial del año 2013”. 

“En aquel momento se decidió por parte del Gobierno de España que había que adelgazar el sistema público y se decidió que fundaciones y distintos organismos pertenecientes al sistema estatal se iban a extinguir o a cambiar su titularidad”, prosigue.

"No fue así"

“En ese momento se podía haber decidido que la Fundación Puerto de Las Palmas se extinguiese, pero no fue así. La orden ministerial lo que establece es la obligatoriedad de que la fundación pase a tener una titularidad diferente, es decir, salga del sistema público estatal, con lo cual es un cambio de titularidad [y no una disolución]”, aclara Calzada.

Sostiene que ha habido intentos para cambiar la titularidad, pero ha habido discrepancias entre Puertos del Estado, Ministerio de Hacienda, la Fundación y la Autoridad Portuaria. Asimismo, apunta que nadie les ha respondido a un informe que elaboraron en 2024 para el Ministerio de Hacienda expresando sus dudas y los problemas que habían encontrado.

"No es un mandato"

Apunta que la liquidación es solo una recomendación. “No es un mandato que nos llegue y nosotros así lo tomamos”, subraya. “Mientras tanto, nosotros en lo que estamos trabajando es para poder cumplir esa orden ministerial”, agrega.

“En el año 2028 está previsto que el edificio que gestiona la Fundación Puerto de Las Palmas, y que es el que ocasiona el impedimento por lo que supone económicamente, pase a la Autoridad Portuaria. Entendemos que entonces ya será factible llevar a cabo ese cambio”, detalla.

“Para esto hay que preparar la fundación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nutrirla de más patronos, de más colaboradores, de más capital, por así decirlo, de más capital privado para que cuando llegue ese momento el capital privado sea superior al público y, por lo tanto, ya cambie la titularidad”, concluye.