Una auditoría interna elaborada por Puertos del Estado ha detectado graves deficiencias en la gestión económica, contractual y de personal de la Fundación Puertos de Las Palmas.
El informe, que lleva fecha del pasado mes de abril, ratifica las conclusiones de la inspección y rechaza las alegaciones formuladas por la Autoridad Portuaria de las Palmas (APLP) para defender las decisiones tomadas estos últimos años.
Existe una orden ministerial de 2013 que obliga a la transformación de la Fundación en una entidad privada, pero la reversión del edificio público que ocupa ha complicado su desvinculación de la APLP y el cumplimiento de dicho mandato.
Ante la falta de avances y las nuevas debilidades encontradas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el propio Interventor Regional de Canarias concluyen que la vía idónea ya no es la transformación, sino la liquidación y disolución definitiva de la Fundación Puertos de Las Palmas.
Pérdidas y riesgo presupuestario
La auditoría revela unas pérdidas acumuladas que superan los 250.000 euros en los años 2024 y 2025.
Además, una vez que se produzca en 2028 la reversión de la concesión otorgada por la APLP, la Fundación dejará de percibir a corto plazo los ingresos por el alquiler de su edificio. Urge, por tanto, un plan urgente de viabilidad.
Contratación ilegal de la gerente
Uno de los puntos más controvertidos del informe señala que el proceso de selección de la actual gerente, Betsabé Morales, no se ajustó al marco normativo vigente cuando fue contratada en marzo de 2025.
La Fundación omitió el procedimiento de convocatoria pública obligatoria y no dispuso de las autorizaciones preceptivas del Ministerio de Hacienda ni de la Abogacía del Estado para validar el contrato de alta dirección.
La auditoría también desvela múltiples irregularidades en los salarios, como el abono de pluses inexistentes para la categoría contratada, retribuciones en especie sin autorización o errores de cálculo en las pagas extraordinarias y en la nómina.
Indemnizaciones opacas
Otro aspecto polémico es la extinción contractual de dos técnicos de la plantilla por reiterados incumplimientos de la propia Fundación, lo que generó un desembolso sustancial en indemnizaciones. Eso, unido al despido de la anterior gerente, revelan un escenario de opacidad, sin información detallada de los cálculos y las causas de esas demandas.
Actualmente, los tres puestos de la estructura autorizada se encuentran vacantes debido a estas extinciones y a una excedencia voluntaria con reserva de puesto aprobada de forma irregular.
Empleo encubierto
La fiscalización de los expedientes de contratación menor evidencia malas prácticas administrativas. Destaca el caso de un contrato de consultoría empresarial que, en la práctica, realiza labores de administración ordinaria para la Fundación.
Los auditores concluyen que existen indicios de una relación laboral encubierta, con el consecuente riesgo de que la justicia declare a este trabajador como indefinido no fijo.
Patrocinios y contratos irregulares
Los contratos menores y patrocinios de 2025 ocupan buena parte del dictamen. Entre las anomalías destaca el posible fraccionamiento indebido de contratos para esquivar los límites legales, presupuestos sin fecha, expedientes sin las invitaciones mínimas exigidas a los licitadores y facturas emitidas antes de formalizar la terminación de los acuerdos.
En cuanto a las actividades patrocinadas, existe falta de justificación documental o facturas que acrediten las actividades realizadas, así como campañas que no guardan relación relevante con los fines y objetivos marítimo-portuarios de la Fundación, como un servicio de entrenamiento deportivo personalizado o la entrega de juguetes en Navidad.
Ante este escenario, Puertos del Estado exige un plan de viabilidad, sobre todo tras el elevado gasto en patrocinios y contratos menores, sin olvidar la obligación de recuperar en 2028 el edificio cedido por la APLP y la consiguiente pérdida de ingresos.
Contrainforme
Ese plan de choque será presentado previsiblemente en el consejo de administración de este jueves. En líneas generales, la Fundación califica la recomendación de liquidación dictada por la IGAE como una medida premeditada, desproporcionada y lesiva para el interés general.
La nueva gerencia desvincula su responsabilidad de las indemnizaciones pasadas y justifica las pérdidas de 2024 y 2025 como costes de arranque obligatorios para sanear el estado de abandono y las deudas heredadas de las etapas anteriores.
La entidad defiende que el proceso de privatización lleva años de bloqueo técnico y administrativo externo, señalando directamente al Ministerio de Hacienda por responder con silencio administrativo a las consultas elevadas por la presidencia de la APLP.
Para contrarrestar el informe y demostrar su viabilidad, la Fundación apuesta por la autofinanciación privada. La gerencia destaca que, tras lograr recientemente el desbloqueo de la masa salarial ante Hacienda, se procederá a convocar de manera legal y pública las tres plazas estructurales que actualmente se encuentran vacantes.
Nuevo horizonte
La institución considera un éxito la captación de recursos privados, pues ha aumentado su red de cinco a nueve patronos activos entre 2024 y 2026. Este incremento ha permitido elevar la financiación privada total de 130.000 a 285.000 euros anuales, una base económica con la que pretenden garantizar el equilibrio presupuestario a coste cero para el erario público y absorber el impacto de la futura pérdida de la sede del edificio.
Asimismo niegan irregularidades en las contrataciones, los patrocinios y las indemnizaciones, aclarando que la plaza de gerente es de libre designación y no existe la obligación de sacarla a concurso público.
La APLP asegura que optó por la contratación urgente de Morales para evitar el cierre de la Fundación Puertos de Las Palmas.