La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una nueva Ley de Vivienda Asequible que pretende dar mayor seguridad jurídica a las autoridades para restringir el alquiler turístico y determinadas compras de viviendas en las zonas más afectadas por la crisis habitacional.
La propuesta establece por primera vez en el derecho comunitario el concepto de "zona bajo tensión de vivienda", que podrá aplicarse cuando concurran determinados indicadores sobre el precio de los inmuebles, la evolución de la renta y las perspectivas del mercado.
Qué considera Bruselas una zona tensionada
Según el reglamento planteado por Bruselas, un territorio podrá ser declarado zona bajo tensión cuando el precio medio de una vivienda sea al menos ocho veces superior a la renta disponible per cápita de esa zona, siempre que además esa proporción haya aumentado durante la última década y no se espere que la situación se alivie en los próximos tres años.
La norma permitiría restringir únicamente dos actividades: el alquiler turístico y la adquisición o utilización de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual.
Una vez declarada una zona tensionada, las autoridades tendrán que demostrar que esas actividades han afectado durante al menos tres años a la disponibilidad o al precio de la vivienda.
Además, las restricciones deberán limitarse al área afectada, no podrán existir alternativas igual de eficaces y menos restrictivas y deberán diferenciar entre el alquiler turístico ocasional y la actividad profesionalizada.
Las medidas tendrán una duración máxima de cinco años y deberán someterse a revisiones periódicas.
Bruselas pone el foco en el alquiler turístico
"Cuando el mercado falla a la hora de ofrecer algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar", declaró la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
"Con esta ley, estamos dando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles actuar y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo", añadió.
Sin embargo, la propuesta no regula los alquileres de larga duración. El propio texto comunitario reconoce que las restricciones sobre los alquileres de corta duración, por sí solas, "no pueden abordar las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo".
Tampoco quedan incluidos los estándares generales de construcción, las normas de planificación y zonificación, la fiscalidad ni las cargas de cumplimiento para plataformas y anfitriones.
El ejemplo de Madrid
La Comisión Europea utiliza Madrid como ejemplo para justificar la necesidad de establecer este marco. Según sus datos, en el centro de la capital española existen alrededor de 40 alojamientos turísticos por cada 100 viviendas disponibles en el mercado de alquiler de larga duración.
En ese mismo periodo, los precios del alquiler de larga duración en la zona han aumentado cerca de un 75 % en los últimos diez años, según las cifras citadas por Bruselas.
La Comisión sostiene que su propuesta permitirá reducir la incertidumbre regulatoria, la carga administrativa y los costes de cumplimiento, además de proporcionar a las autoridades un marco con el que defender sus restricciones ante posibles litigios.
No afecta automáticamente a zonas ya tensionadas
Las medidas que los Estados miembros ya hayan aprobado no quedarán automáticamente sometidas al nuevo reglamento. Las autoridades podrán revisarlas voluntariamente para adaptarlas al marco comunitario.
Por tanto, una zona que ya haya sido declarada tensionada no obtendrá de forma automática cobertura europea para restringir el alquiler turístico o la compra de viviendas destinadas a usos distintos de la residencia habitual.
La Comisión plantea la iniciativa desde sus competencias sobre el mercado interior, ya que la Unión Europea carece de competencia directa para regular la vivienda en los Estados miembros.
Bruselas pide aumentar la oferta
El paquete presentado este miércoles incluye también una recomendación no vinculante para que las autoridades elaboren "planes de aceleración de la vivienda" en las zonas tensionadas o que se encuentren en riesgo de estarlo.
Bruselas propone agilizar la concesión de permisos, mejorar el uso del suelo y fomentar la rehabilitación y reconversión de edificios existentes. También reclama aprovechar viviendas y terrenos vacíos o infrautilizados, con especial atención a la vivienda social y asequible.
"La vivienda no es solo una mercancía; es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana. Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y quedarse en los lugares que llaman hogar", señaló el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.
La Comisión Europea también reclama reforzar la capacidad del sector de la construcción y utilizar los instrumentos de financiación europeos y nacionales, incluidas las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.
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