La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha informado al Parlamento de Canarias que hay cuatro municipios, cinco mancomunidades y seis de los siete cabildos que no han remitido la información necesaria para la fiscalización de sus cuentas del año 2023. La institución fiscalizadora instó a las administraciones ha trasladar la información de sus cuentas pero al no recibirlas ha pedido retener parte de sus pagos con cargo a los presupuestos autonómicos.
El recuento se hizo en octubre ante lo que se instó a las administraciones a remitir la información. En ese mes, por ejemplo, había más de una veintena de ayuntamientos que no habían dado la información, pero en febrero la cifra bajó a cuatro: Icod de los Vinos, Santa Cruz de La Palma, Valsequillo y Santa María de Guía.
Sin dar información
En el caso de los cabildos la notificación se hizo en noviembre, ante lo que dio un plazo de 15 días para la remisión de información, sin embargo, la Audiencia de Cuentas no ha remitido ninguna información al respecto de que los cabildos ya hayan entregado la información para la fiscalización de sus cuentas. El único que lo ha entregado es el Cabildo de La Gomera.
La Audiencia también hace una labor de inspección de las cuentas de las mancomunidades, con las que sucede lo mismo que con el resto de administraciones. Aquellas que no han remitido sus cuentas son las mancomunidades Centro-Sur de Fuerteventura, San Juan de la Rambla-La Guancha, Municipios de Las Medianías de Gran Canaria, Isla de Lanzarote (Rensuital) y Municipios de Montaña no Costeros de Canarias.
Dado que estas administraciones no han respondido al requerimiento de la audiencia, la ACC ha instado a la Dirección General competente en materia de Tesoro a la retención del 2% de sus pagos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de aumentar la presión para que remitan la información.
Nueva fiscalización
Esta información la ha remitido la ACC a la comisión parlamentaria de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, que este viernes ha celebrado la última de sus sesiones. Aunque este tema no se ha abordado sí que se han tratado otras cuestiones relacionadas con las cuentas de la comunidad.
Una de ellas fue la solicitud del PSOE de que la audiencia de cuentas elaborada un informe fiscalizador de la Sociedad municipal Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, SA, en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, algo que fue aprobado por todos los grupos. No así que esa investigación se retrotraiga hasta 1995 por ser “extemporáneo”.
Deficiencias en las subvenciones
También se ha hablado de las subvenciones concedidas por los cabildos insulares en 2019. La Audiencia de Cuentas no ha detectado irregularidades pero sí deficiencias como la falta de justificación adecuada, ausencia de bases reguladoras en muchas subvenciones, concesiones directas sin motivación suficiente o la omisión de la publicación en la plataforma nacional de subvenciones.
Otro punto importante que ha señalado la Audiencia de Cuentas es que más del 80% de las subvenciones se han adjudicado de forma directa, “convirtiendo el régimen excepcional en ordinario”. Asimismo, tampoco hay un seguimiento de los indicadores de cumplimiento. Los grupos políticos han pedido a los cabildos aplicar las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas.
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha señalado que la falta de planificación de subvenciones va ligada a la falta de planificación presupuestaria y ha hecho hincapié en que todos las administraciones públicas deberían.
Gastos para las elecciones
La comisión plenaria también ha estudiado el informe de fiscalización sobre la contabilidad electoral al Parlamento de Canarias de 2023. Según ha apuntado la procedencia de los recursos empleados están convenientemente justificados y están dentro de lo previsto de la normativa, por lo que no destacan irregularidades.