La situación económica de la juventud en España se ha deteriorado en los últimos 15 años. Según el estudio “Jóvenes sin aliados”, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea, la renta media de los menores de 30 años ha caído un 10% desde 2008, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8%. En conjunto, el país se ha empobrecido ligeramente (con una caída media del 3%), pero no todos han sufrido por igual: las pensiones públicas han actuado como un escudo, mientras los salarios juveniles no han seguido el ritmo del coste de vida.
Este desequilibrio tiene consecuencias concretas: un joven de 20 a 24 años cobra hoy, de media, 1.223 euros mensuales en España (un 55% del salario medio), según el INE. El acceso a la vivienda, además, se ha convertido en un obstáculo casi insalvable: solo un 43% de los hogares jóvenes tiene vivienda en propiedad, frente al 70% de hace 20 años.
Canarias: mismos síntomas
La realidad en Canarias sigue esa misma línea, pero con condiciones más severas. La renta media de los menores de 30 años apenas ha crecido en términos reales en los últimos 15 años. Según estimaciones del INE y del ISTAC, pasaron de ingresar unos 8.900 euros anuales en 2008 a cerca de 11.000 en 2022. Aunque esto supone un aumento nominal del 20%, la inflación acumulada en ese periodo supera el 30%, lo que implica una pérdida real de poder adquisitivo de al menos un 5%.
En paralelo, las personas mayores de 65 años han consolidado su posición económica gracias a la revalorización automática de las pensiones con el IPC. La pensión media de jubilación en Canarias ha pasado de 820 euros mensuales en 2014 a más de 1.080 euros en 2023, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Al estar protegidas por ley contra la inflación, las pensiones han mantenido —e incluso mejorado— su capacidad de compra, algo que no ocurre con los salarios de los jóvenes, especialmente en sectores con alta temporalidad y bajos convenios.
El paro juvenil sigue alto
Aunque ha mejorado recientemente, el desempleo entre menores de 25 años en Canarias sigue siendo muy elevado. Según el Gobierno de Canarias, en abril de 2025 la tasa se situó en el 24,7%, el dato más bajo desde 2007. Aun así, uno de cada cuatro jóvenes sigue sin trabajo. Y quienes lo tienen, muchas veces encadenan empleos temporales o parciales, especialmente en sectores como la hostelería y el comercio.
Además, los sueldos son bajos: el salario medio neto de un menor de 30 años en las islas ronda los 1.100 euros al mes, insuficiente para cubrir gastos básicos como el alquiler o la cesta de la compra.
Emancipación casi imposible
El acceso a la vivienda es uno de los factores que más amplifica la brecha generacional. Según el Consejo de la Juventud de España, solo un 15% de los jóvenes canarios está emancipado, una de las tasas más bajas del país. En muchos casos, alquilar una habitación ya supone más del 20% del salario bruto medio. Comprar una vivienda está aún más lejos: el Consejo General de Economistas estima que un menor de 25 años necesitaría casi 10 años de salario íntegro para acceder a una vivienda media en España.
En Canarias, donde los sueldos son más bajos y los precios de la vivienda no dejan de crecer, la situación es incluso más restrictiva.
Pobreza juvenil
El informe autonómico de FOESSA ya alertaba en 2019 de que el 42,6% de los hogares cuyo sustentador principal tenía menos de 30 años en Canarias se encontraba en situación de exclusión social. Esta cifra duplica la media estatal y confirma que la pobreza juvenil no es coyuntural, sino estructural en el archipiélago.
En contraste, las políticas públicas han priorizado la sostenibilidad de las pensiones —que ya absorben casi un tercio del gasto público—, sin una apuesta equivalente por el empleo joven, la formación o el acceso a la vivienda.
Reequilibrar el contrato social
El informe de Fedea concluye que el país necesita reequilibrar el contrato intergeneracional. No se trata de enfrentar a mayores y jóvenes, sino de garantizar que el progreso económico también llegue a quienes hoy están empezando. Propuestas como vincular el gasto público a criterios de necesidad (y no solo de edad), invertir en políticas activas de empleo, facilitar el acceso a la vivienda o reducir la edad de voto a los 16 años apuntan en esa dirección.
En Canarias, donde los síntomas son aún más agudos, ignorar esta brecha puede condenar a toda una generación a vivir peor que sus padres.