La plataforma Booking ha retirado 4.093 anuncios de viviendas turísticas ilegales en España, tras recibir un requerimiento formal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El grueso de las viviendas eliminadas se concentraba en Canarias, según confirman fuentes del propio Ministerio.

Esta actuación forma parte de la campaña estatal contra la publicidad ilegal de pisos turísticos, una estrategia con la que el Gobierno pretende frenar la turistificación y la presión sobre el mercado inmobiliario en zonas con alta densidad de visitantes.

Presión en zonas turísticas

El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que la proliferación de alojamientos irregulares agrava la crisis de acceso a la vivienda, especialmente en regiones como el Archipiélago. “Esta lucha es decisiva”, defendió, para garantizar que los consumidores puedan contratar con seguridad y los vecinos no sean expulsados por el alza de precios.

Aunque no se han ofrecido cifras exactas por comunidad autónoma, la mayoría de los anuncios eliminados estaban en Canarias, uno de los territorios donde la expansión del alquiler vacacional ha generado mayor malestar social.

Tres tipos de infracción

Consumo detalla que los anuncios suprimidos incurrían en tres tipos de irregularidades: no incluir el número de licencia, emplear licencias falsas o inexactas, y no especificar si el arrendador era particular o empresa. Esta última es clave, ya que determina si el huésped tiene protección como consumidor.

La retirada de anuncios es solo el primer paso. El Ministerio ha anunciado que este requerimiento a Booking es el primero de tres, y que se seguirá analizando el contenido de la plataforma para detectar otras infracciones.

Airbnb, en los tribunales

La medida llega una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara otra intervención similar de Consumo: la retirada de 5.800 anuncios ilegales en Airbnb. La plataforma recurrió, pero el tribunal rechazó sus medidas cautelares y confirmó la legalidad de la actuación ministerial.

Airbnb ha defendido que la resolución judicial es preliminar y sostiene que cumple la normativa. Sin embargo, el Ministerio insiste en que los anuncios sin licencia vulneran los derechos de los consumidores y alimentan procesos de turistificación en barrios y municipios.

ASCAV respalda el control

En cuanto a la reacción del sector, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha defendido en el pasado la necesidad de actuar contra los pisos ilegales, argumentando que los principales perjudicados son los propietarios que sí cumplen con la ley. 

La entidad también ha señalado que, aunque la oferta ilegal existe, en Canarias la diferencia entre viviendas legales e ilegales no es tan grande como en otras regiones, y ha mostrado su apoyo a la retirada de anuncios que no se ajusten a la normativa.