La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha expresado su preocupación ante la inseguridad jurídica que genera la nueva norma estatal para el reparto de ayudas destinadas a la gratuidad del transporte en guaguas y tranvía en el Archipiélago.
Durante su intervención en la Comisión General de Directores Generales, convocada por el Ministerio de Transportes, Fernández alertó sobre el riesgo de tener que devolver 120 millones de euros debido a requisitos interpretativos confusos.
Incertidumbre
Fernández destacó que la fórmula estatal para distribuir las ayudas "unifica criterios de comunidades con realidades muy distintas", lo que complica su adaptación en Canarias. Además, criticó el retraso en la llegada de los fondos, que en 2024 se recibieron en diciembre, cuando las administraciones insulares ya habían adelantado recursos durante todo el año para garantizar la gratuidad del transporte.
En este sentido, reclamó que los pagos se realicen de forma anticipada y se garanticen partidas suficientes para evitar incertidumbre financiera. También advirtió sobre la exigencia de implantar zonas de bajas emisiones como requisito, lo cual podría afectar a territorios donde el proceso está judicializado.
Canarias, territorio piloto
Ante la Secretaría General de Movilidad, Fernández propuso que Canarias sea territorio piloto para el título único nacional, una iniciativa que permitiría a los canarios utilizar un solo bono de transporte en cualquier punto de España. El proyecto está en marcha con el respaldo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), y se espera que la integración con el título único estatal pueda concretarse en 2026.
Para impulsar este proyecto, Fernández ha invitado a la Secretaría General a visitar Canarias y conocer de primera mano el avance del título único canario, que promete ser una herramienta clave para mejorar la movilidad en las islas.
Blindaje frente a los VTC
En relación con las recientes sentencias que afectan a las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en otras comunidades autónomas, Fernández aseguró que Canarias está protegida gracias a la regulación prudente y adaptada a la normativa europea aprobada el año pasado.
Según la directora, esta regulación garantiza que el Archipiélago no sufra los mismos problemas legales que otras regiones españolas.
Respaldo jurídico
A pesar de los avances en el diálogo con el Ministerio, Fernández ha insistido en que la certeza total solo llegará cuando el Gobierno central facilite el informe de la Abogacía del Estado, que clarifique todos los puntos conflictivos de la normativa.
Hasta entonces, la directora mantiene su postura firme en la defensa de la movilidad pública en Canarias, asegurando que el Ejecutivo regional no aceptará condiciones que puedan poner en riesgo la gestión del transporte gratuito en el archipiélago.