El Gobierno de Canarias y las principales asociaciones del sector inmobiliario han presentado el Código de Buenas Prácticas del Sector Inmobiliario de Canarias (CIVICAN), una iniciativa pionera que busca establecer un marco común de transparencia, ética y profesionalización en las operaciones de compraventa y alquiler de vivienda.
El documento, elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, se concibe como un sello de calidad que distinguirá a los agentes comprometidos con la legalidad y la protección de los consumidores. Aunque la adhesión será voluntaria, su cumplimiento será obligatorio para quienes se inscriban.
“Un paso hacia la confianza”
El consejero del área, Pablo Rodríguez, destacó que el CIVICAN “nace con la voluntad de generar confianza y ofrecer garantías a la ciudadanía en uno de los ámbitos más sensibles de su vida, el acceso a una vivienda”. Según dijo, el código “marcará un antes y un después en la profesionalización del sector”, al reforzar la seguridad jurídica y “dignificar” la labor de los agentes inmobiliarios.
Rodríguez subrayó que “comprar o alquilar una vivienda no puede entenderse como una simple transacción económica, sino como un paso esencial en la construcción de un proyecto de vida”.
Agentes acreditados
La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria fue el primer colectivo en adherirse al CIVICAN. Su presidente, Rafael Tarajano, aseguró que la compraventa o el alquiler de una vivienda “es una de las decisiones más importantes que toma una familia, y por eso resulta esencial contar con profesionales formados, éticos y comprometidos”.
Tarajano consideró que el código “servirá para dignificar la profesión, reconocer a quienes hacen las cosas bien y ofrecer una referencia clara de confianza y calidad”. También recordó que, junto con el Registro de Agentes Inmobiliarios, esta medida permitirá “identificar a quienes actúan con responsabilidad y alejar del mercado a quienes no cumplen los estándares mínimos que la sociedad merece”.
Colaboración público-privada
El director gerente de VISOCAN, Javier Terán, recalcó la importancia de reforzar la colaboración público-privada para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario. “Este código supone un paso firme hacia un modelo más transparente y seguro, en el que propietarios e inquilinos puedan tener la tranquilidad de que sus operaciones se desarrollan con todas las garantías éticas y jurídicas”, afirmó.
Terán añadió que iniciativas como el CIVICAN pueden contribuir a que afloren más viviendas al mercado, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, al ofrecer mayor seguridad y fiabilidad a los ciudadanos.
Principios y distintivo oficial
El código define principios rectores como la transparencia, igualdad, no discriminación, protección de los consumidores y respeto a la legalidad en todas las operaciones. Además, incorpora mecanismos de supervisión, arbitraje y resolución de conflictos, así como un distintivo oficial que identificará a los agentes adheridos.
El Gobierno también promoverá la difusión de las políticas públicas de vivienda y el acceso a ayudas y garantías en contratos de arrendamiento, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y económica de propietarios e inquilinos en el Archipiélago.