El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, asume que la emergencia habitacional no tiene “varitas mágicas”, pero reivindica un giro de políticas durante los dos primeros años de legislatura: revisión de la Ley de Vivienda y del Suelo, decretos para agilizar licencias y transformar locales y oficinas en hogares, activación de la vivienda asequible incentivada y 2.100 viviendas públicas en curso. Señala 4.000 viviendas “en producción”, fija la meta en 10.000 al año y confirma gestiones en Bruselas para limitar o gravar la compra por extranjeros no residentes, además de una futura habilitación legal a ayuntamientos para regular en función de cada realidad insular.
— [Pregunta] ¿Cómo definiría la situación actual de la vivienda en Canarias?
[Respuesta] La vivienda es un problema de dimensión europea. En España y en Canarias hay un desequilibrio muy fuerte entre oferta y demanda. A nuestras singularidades —insularidad, sobrecostes de materiales y construcción, falta de mano de obra y territorio limitado— se suma la presión del turismo sobre el mercado residencial.
— ¿Qué ha cambiado en lo que va de legislatura?
Hemos sido más eficaces y hemos revisado a fondo las políticas de vivienda. Se modificó la Ley de Vivienda de Canarias y la Ley del Suelo para dinamizar un sector que desde 2008 estaba muy ralentizado. No son medidas coyunturales: buscan bases estructurales para las generaciones que vienen.
— ¿Cuándo empezarán a notarse los resultados?
En 2024 hemos superado las 4.000 viviendas en producción entre iniciativa pública y privada. Veníamos de mil y pocas al año. El objetivo razonable es llegar a 10.000 anuales: el sector privado será el mayor impulsor y lo público también está cumpliendo su parte. Además, trabajamos para aflorar vivienda ya existente —cerrada, de alquiler de temporada o turística— hacia el alquiler tradicional.
— ¿Qué diferencia esta crisis de la de 2008?
Entonces había exceso de oferta y falta de demanda. Ahora sucede lo contrario: hay demanda con más ahorro y mejores salarios medios, pero la oferta se redujo de forma exponencial y parte del parque migró a otros usos. A esto súmele el crecimiento poblacional —en torno a 20.000 personas más al año— y el cambio de tipología del hogar: donde antes vivían cuatro, ahora viven una o dos. Con el mismo número de personas se necesitan más hogares.
— La RIC aplicada a vivienda ha generado debate. ¿No puede incentivar la especulación?
La vivienda es un derecho, pero opera en un mercado. La clave para evitar especulación es ensanchar la oferta: cuando la oferta es pequeña, hay más margen para conductas especulativas; cuando crece, los precios se estabilizan y la especulación pierde recorrido. La RIC puede acelerar proyectos si se encaja bien en ese objetivo.
— Limitación de alquileres: ¿a favor o en contra?
En sectores estratégicos puede haber regulación, pero con un problema de falta de oferta una limitación de precios tiende a reducirla aún más. Dos pisos baratos no resuelven la necesidad de miles de familias. Necesitamos mucha más vivienda a precios asequibles.
— ¿Qué hace el Gobierno para aumentar parque público y protegido?
Estamos construyendo 2.100 viviendas públicas entre ICAVI y Visocan para familias vulnerables. El registro de vivienda protegida se ha multiplicado y el sector privado está reactivándose. Canarias también necesita vivienda libre para profesionales que no encajan en vivienda pública o protegida, especialmente en islas como Lanzarote, Fuerteventura o en el sur de Gran Canaria.
— ¿Qué papel deben jugar cabildos y ayuntamientos?
Es central. Por primera vez los cabildos aportan fondos para vivienda. Los ayuntamientos nos ceden suelo. En lo inmediato, estamos entregando viviendas después de más de una década sin hacerlo; hay 4.000 jóvenes con Bono Alquiler Joven y 8.000 familias con ayudas al alquiler (36 millones anuales). Eso alivia ya, mientras el resto de medidas amplían parque y agilizan trámites..
— Las Palmas de Gran Canaria rechazó medidas como transformar locales y oficinas en vivienda o externalizar informes para acortar licencias. ¿Qué ha pasado?
Evito la confrontación, pero son oportunidades perdidas. Donde más locales y oficinas cerradas hay es en Las Palmas de Gran Canaria. Entre que el decreto entró en vigor y el rechazo en pleno, llegaron más de diez solicitudes para transformar usos. Sobre licencias, nuestro decreto permite externalizar informes técnicos para pasar de años a meses. Cuando una licencia se retrasa dos o tres años, la vivienda se encarece y llega tarde.
— ¿Habrá zonas tensionadas en Canarias?
Hemos regulado el procedimiento y haremos una evaluación técnica rigurosa. Mi experiencia —por ejemplo, en Barcelona— es que, con poca oferta, las limitaciones pueden reducirla aún más. Pero no es una decisión política, sino técnica: analizaremos los datos de cada municipio.
— Hablemos de las compras de vivienda por extranjeros no residentes. Se puede leer habitualmente noticias, en cualquier periódico de las Islas, en el que sale algún dato que indica que alemanes o británicos figuran como principales compradores de viviendas en el Archipiélago. ¿Se podrá limitar esa actividad?
Un tercio de las compras recientes en Canarias es de no residentes. Hemos abierto la vía europea: nos señalaron el artículo 349 del Tratado para adaptar normas a las Regiones Ultraperiféricas. El Ministerio de Exteriores ha comunicado su apoyo a explorar una fórmula de limitación o gravamen a estas compras. Ahora toca la respuesta de la UE. En paralelo, proponemos modificar la Ley de Bases de Régimen Local para dotar a los ayuntamientos de herramientas de regulación en función de su realidad.
— Algunas regiones, dentro de la UE, ya establecen esa limitación.
Las regiones que ya tenían esa limitación la adquirieron en su adhesión a la Unión Europea, es decir, antes de su adhesión, negociaron mantener esa acotación. El caso de Canarias es distinto, porque sería ya una vez dentro y negociar una cláusula, una medida extraordinaria. Es verdad que tenemos una posibilidad como apuntaba antes, el artículo 349 del Tratado funcionamiento de la Unión Europea. Por eso llevó este asunto el presidente Clavijo a la cumbre de las RUP. Para compartir entre toda el lobby de las regiones ultraperiféricas.Al final hablamos de una una excepción al libre comercio, algo que va contra las reglas básicas de la propia Unión. No será fácil, pero no vamos a bajar los brazos y por eso también planteamos modificar la Ley de Bases de Régimen Local para dotar a los ayuntamientos de herramientas de regulación en función de su realidad.
— ¿En qué consiste esa regulación?
Ya lo hacen algunos ayuntamientos, algunas ciudades en el conjunto de Europa. Generan limitaciones, por ejemplo, al empadronamiento o a la adquisición de viviendas estableciendo un mínimo de tiempo residiendo para poder eh adquirir vivienda. Ese tipo de limitaciones, que ahora no tenemos competencia para poder hacerlo, se podrían regular en la Ley de Bases del Régimen Local. Ya se planteó en una reunión con la FECAN para pactarlo.
— Ley canaria de vivienda vacacional: ¿llega a tiempo y será efectiva?
Por primera vez se aborda la conexión directa entre alquiler vacacional y vivienda. No se trata solo de ordenar la competencia con el sector hotelero, sino de evitar la expulsión vecinal en áreas con porcentajes muy altos —como Guanarteme o La Isleta—. El texto puede mejorar en el Parlamento, pero marcará un antes y un después.
— El proyecto de vivienda asequible incentivada ha tenido tirón en un grupo de población que igual no se puede permitir la compra de una vivienda, pero que queda fuera de los párametros económicos para obtener una protegida. Están en un limbo y la iniciativa ha sido un éxito. ¿Se podrá ampliar?
Es una herramienta para clases medias que no acceden ni a vivienda pública ni a protegida, con alquiler (o alquiler con opción a compra) a precios contenidos. Hay muchos proyectos en estudio. Permite viabilizar solares urbanos parados porque los parámetros urbanísticos exigían casas demasiado grandes; con tipologías de 70 m² se ajustan precios y salen las cuentas. Y ahí es donde hemos querido intervenir y creo que va a ser una figura importante.
— ¿Qué se siente cuando ve que otras comunidades o el propio Gobierno de España toma medidas que ya se han adoptado en Canarias?
En algunas cosas hemos sido pioneros —el primer decreto para transformar suelos y edificaciones hacia vivienda en España fue el canario, en febrero de 2024—. En otras, aprendemos de otros territorios. Lo importante es que se materialicen: ver 2.000 viviendas levantándose es satisfactorio, pero nada supera entregar una casa a una familia que había tirado la toalla.
— ¿Y los suelos? ¿Hay margen real sin recalificar?
Sí. Hay suelos urbanizables pendientes de trámites que estamos acelerando con decretos, y suelos urbanos listos para licencia que no se movían porque “no salían los números”. Estamos buscando fórmulas para que salgan y, a la vez, beneficien el interés general.
— Al final, la vivienda es un asunto troncal que afecta a muchos sectores.
Seguiremos ampliando herramientas y cooperación institucional. La emergencia habitacional exige sumar: sector público, privado, cabildos y ayuntamientos. El rumbo es más oferta, más agilidad y más protección para que vivir en Canarias sea posible para quienes la habitan.