El pasado martes, en una rueda de prensa para denunciar que los docentes canarios no cobran los complementos que deben percibir, desde el sindicato Comisiones Obreras se pidió al Gobierno de Canarias que se retomara el pago de los meses de julio y agosto que se había acordado en 2005 para los profesores sustitutos que estuvieran trabajando más de cinco meses en un mismo curso. El pago de estos dos meses se había alcanzado mediante un acuerdo, pero no se viene realizando porque los sucesivos gobiernos han usado la puerta de atrás de los presupuestos para dejarlos sin efecto.
Desde hace varios años, el Gobierno de Canarias ha recurrido a las disposiciones adicionales al presupuesto regional para dejar sin efecto determinados pactos y acuerdos sindicales, suspendiendo determinados artículos de convenios colectivos que afectan directamente a los derechos de los empleados públicos.
Supensión de los acuerdos
Todo se remonta al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el contexto de la crisis económica. Este decreto estableció medidas excepcionales de control del gasto público, suspendiendo o limitando la aplicación de convenios, pactos y acuerdos colectivos en el sector público, principalmente en materia retributiva, con el objetivo de garantizar que los límites salariales y de gasto fijados por el Estado prevalecieran sobre los acuerdos alcanzados por negociación colectiva.
Aunque parte de lo establecido en ese real decreto fue derogado con el tiempo y se firmaron avances como el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que buscaba modernizar la administración pública y proteger derechos laborales de manera estructural, desde 2012 los presupuestos autonómicos han incluido de forma recurrente esta herramienta para suspender la aplicación de convenios y pactos colectivos. Esta práctica se ha repetido en presupuestos como los de 2016, 2018, 2022, 2023, 2024 y 2025, y vuelve a incorporarse en 2026, limitando la efectividad de derechos que deberían garantizarse por la negociación colectiva.
Acuerdos afectados
La disposición en cuestión suspende la aplicación de varios acuerdos y convenios del sector sanitario y educativo, afectando derechos clave. En el ámbito sanitario, se suspenden artículos del Convenio Colectivo 2008-2011 del Consorcio Sanitario de Tenerife que regulan la jornada laboral, los permisos por festivos y las retribuciones por incapacidad temporal, accidente laboral y enfermedad profesional.
También se dejan sin efecto apartados del Pacto sobre permisos, licencias y vacaciones de 1997, que garantizan los derechos de descanso, licencias y vacaciones del personal sanitario, así como acuerdos de 2007 y 2008 sobre organización de recursos humanos y mejoras retributivas en el Servicio Canario de la Salud, limitando la planificación de personal, la promoción interna, el desarrollo profesional y ciertos complementos salariales. Además, se suspende la aplicación de los criterios de distribución del complemento de productividad variable, lo que reduce los incentivos económicos ligados a la consecución de objetivos en los centros sanitarios.
En el ámbito educativo, la disposición afecta al Segundo protocolo para la gestión del profesorado interino y sustituto de 2005, dejando sin efecto el pago de los meses de julio y agosto a los docentes sustitutos que trabajen más de cinco meses. Esto significa que un derecho previamente reconocido mediante acuerdo no se cumple, generando retrasos en los pagos y limitaciones económicas a quienes desempeñan estas funciones.
El rechazo
Los sindicatos, especialmente CCOO, ya han denunciado que el uso de esta herramienta provoca retrasos en pagos y restricciones a derechos laborales, generando malestar en sectores como el sanitario y el educativo. En 2022 ya reclamaron al Ejecutivo de Torres dejar de usar esta vía y comenzar a negocar. Además de las denuncias públicas, CCOO ha presentado una solicitud de intervención parlamentaria sobre esta cuestión, que la mesa del parlamento tiene previsto tramitar este viernes.