La crisis de la vivienda en Canarias ha alcanzado un punto crítico y la Asociación de Empresarios Promotores y Constructores de Las Palmas (AECP) ha alzado la voz para exigir soluciones urgentes.
Su presidenta, Salud Gil, ha reclamado este jueves que se busquen fondos "hasta debajo de las piedras" para atajar el déficit habitacional del Archipiélago, donde hacen falta 50.000 viviendas de aquí a 2030, mientras que el ritmo actual de construcción apenas alcanza las 2.900 anuales.
Mala gestión
Gil ha lamentado que la falta de acceso a la vivienda en las islas se haya convertido en "un rifirrafe político" en lugar de tratarse como "un asunto de Estado".
En su opinión, el problema no radica en la falta de recursos, sino en la mala gestión y la ausencia de medidas efectivas para incentivar la construcción.
Soluciones ya probadas
La AECP propone recuperar los planes de vivienda que funcionaron entre 1981 y 1999, que incluían préstamos convenidos para promotores y compradores, ayudas directas a la entrada y otras medidas que facilitaron el acceso a la vivienda. La patronal cree que no es necesario "inventar nada nuevo", sino reactivar mecanismos que ya dieron resultados en el pasado.
Según Gil, el déficit de vivienda en Canarias está afectando a la prestación de servicios esenciales, ya que la falta de opciones habitacionales dificulta la llegada de nuevos profesionales a sectores clave como la sanidad, la educación o el turismo.
Aprovechar fondos ociosos
El actual Gobierno de Canarias ha dado pasos para agilizar la construcción y rehabilitación de viviendas, pero para la AECP estas medidas se quedan cortas.
Por ello, la patronal reclama cuadruplicar el presupuesto en vivienda, aprovechando fondos ociosos de distintos departamentos regionales, recurriendo a los fondos europeos y exigiendo al Estado que Canarias reciba la parte que le corresponde en materia de inversión habitacional.
Para incrementar la oferta de viviendas en alquiler, la asociación apuesta por fomentar el derecho de superficie, que permitiría poner suelo público a disposición de promotores privados o utilizar recursos empresariales como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
Edificios inacabados
También propone que Visocan adquiera edificios inacabados o procedentes de rehabilitación y que se convierta en gestora del alquiler de viviendas protegidas promovidas por el sector privado.
Otra de las soluciones planteadas es la creación de viviendas concertadas, que serían libres, pero con precios asequibles, para ampliar las opciones del mercado sin depender exclusivamente de la vivienda pública.
Menos burocracia
La AECP ha denunciado que la burocracia es un freno insostenible para el sector. Construir una vivienda en Canarias requiere pasar por 14 procesos fiscales antes de ser entregada, lo que encarece los costes y ralentiza los plazos.
Para acelerar los proyectos, los promotores plantean la implantación de licencias básicas, que podrían tramitarse en 30 días y permitirían iniciar las obras antes de obtener la licencia urbanística definitiva.
"Hay dinero, pero no se usa"
Los constructores insisten en que los recursos para hacer frente a la emergencia habitacional existen, pero no se están destinando de manera eficiente. "Hay dinero a espuertas, lo que falta es voluntad para ponerlo al servicio de este problema", ha sentenciado Gil.
Con una demanda creciente, unos precios cada vez más inaccesibles y una oferta que no cubre las necesidades de la población, la crisis de la vivienda en Canarias sigue sin encontrar una respuesta contundente.
La patronal del sector ha lanzado el guante: ahora queda por ver si las administraciones recogen el desafío y pasan de las palabras a los hechos.