El Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta de interpretación jurídica que permitiría ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos extraordinarios vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible y evitar la pérdida de más de 200 millones de euros.
Según ha informado la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la iniciativa plantea considerar cumplidos los objetivos europeos antes del 30 de junio de 2026 mediante la concesión de las ayudas, tal y como establecen los reglamentos comunitarios, vinculando el cumplimiento al compromiso jurídico del gasto y no exclusivamente a la finalización material de los proyectos.
De esta manera, el importe ejecutado hasta junio de 2026 podría financiarse con fondos Next Generation, mientras que el resto de actuaciones continuarían su desarrollo y justificación hasta 2028 con cargo a otros instrumentos europeos con mayor margen temporal.
Adaptación normativa
Para aplicar esta fórmula, el Ejecutivo autonómico solicita al Gobierno de España la adaptación del real decreto que regula estos fondos.
El director general de Energía, Alberto Hernández, ha defendido que la propuesta ofrece “una vía clara” y jurídicamente viable para ampliar los plazos sin incumplir la normativa europea, y ha señalado que este criterio ya se ha aplicado en otras convocatorias comunitarias.
La propuesta permitiría justificar en plazo el objetivo europeo fijado para el programa, que contempla la instalación de 85 megavatios de potencia renovable antes del 30 de junio de 2026, devolviendo las cantidades no concedidas y dando continuidad a inversiones en marcha que, según la Consejería, cuadruplican la potencia inicialmente prevista.
Respaldo institucional
El Ejecutivo canario ha recordado que en las últimas semanas ha solicitado flexibilizar los plazos ante las dificultades para ejecutar proyectos energéticos complejos en un periodo reducido, que requieren autorizaciones administrativas, obras e instalación de infraestructuras.
Además, ha defendido aplicar el mismo criterio de ampliación hasta 2028 que el Ministerio ha utilizado en la estrategia gestionada a nivel estatal.
La petición cuenta con el respaldo del sector energético del Archipiélago, así como de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), que consideran necesaria la ampliación para garantizar la ejecución íntegra de las inversiones estratégicas sin perder financiación europea.