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Fruta denunciada como importada de manera ilegal a Canarias. / PALCA

Canarias sella un acuerdo con la Guardia Civil para frenar la importación de frutas ilegales

Las medidas buscan frenar la llegada ilegal de frutas como aguacates, mangos o plátano macho. Algunas asociaciones denunciaban el pasado mes de marzo su presencia en fruterias de las islas

El Gobierno de Canarias y la Guardia Civil han acordado reforzar el control sobre la importación fraudulenta de frutas tropicales y subtropicales y endurecer las medidas para contener la filoxera en el archipiélago. La actuación contempla la coordinación de recursos, nuevas campañas de inspección y una mayor vigilancia del movimiento de material vegetal, especialmente de vid.

Según ha informado la Dirección General de Agricultura tras un encuentro con la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA), ambas instituciones impulsarán acciones conjuntas para frenar la entrada irregular de productos como aguacates, mangos o plátano macho, cuya importación está restringida por el riesgo de introducción de plagas.

Preocupación 

Desde el Ejecutivo canario aseguran que estas medidas buscan dar respuesta a la preocupación trasladada por agricultores y operadores del sector ante los riesgos asociados a la entrada irregular de productos.

En este contexto, durante la reunión también se abordó la colaboración en una campaña estatal de supervisión del uso de productos fitosanitarios, que abarcará toda la cadena de suministro, desde los puntos de venta hasta los aplicadores finales, incluyendo tanto a empresas de servicios como a los propios agricultores.

Filoxera 

En relación con la filoxera, ambas partes acordaron reforzar el control del movimiento de material vegetal de vid y prestar especial atención a la gestión de restos de poda, con el objetivo de evitar su dispersión.

El pasado marzo, la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alertaban de la detección de plátano macho y mango introducidos presuntamente de forma ilegal en fruterías del archipiélago. Ambas organizaciones advertían de que esta situación constituía una grave amenaza para la producción agrícola local y la seguridad alimentaria en Canarias, al incrementar el riesgo de entrada de plagas y generar competencia desleal para los productores.